Washington. – La Oficina del Censo de Estados Unidos no dará dato alguno sobre el empadronamiento de 2020, incluidas las cifras de inmigrantes indocumentados, antes de que el 20 de enero asuma la Presidencia Joe Biden, bajo un acuerdo pactado este viernes ante un tribunal federal en California.
El presidente Donald Trump había ordenado en julio que la Oficina del Censo le presentara las cifras del empadronamiento con datos sobre los inmigrantes indocumentados con el propósito de excluirlos cuando se hiciera la distribución de representación política de los Estados.
«Ni la Oficina del Censo ni el Departamento de Comercio informarán o divulgarán cualquier conteo o cálculos de población relacionados con el censo, incluida la cuenta o cálculos de la población inmigrante indocumentada antes del cambio de gobierno el 20 de enero», indica la decisión del Tribunal Federal del Norte de California.
La decisión de la jueza Lucy Koh responde a una demanda iniciada por la Liga Urbana y otras entidades contra el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y otros funcionarios del gobierno saliente.
El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sus resultados dependen la representación de los Estados en el Congreso y en el Colegio Electoral y la distribución de miles de millones de dólares en programas federales de educación, salud, infraestructura y asistencia social.
La realización del Censo de 2020 estuvo afectada por la pandemia de la covid-19, con cambios de plazos para el envío de respuestas por correo o internet, y el desplazamiento demorado de miles de funcionarios para el empadronamiento puerta a puerta.
Esto llevo a que la Oficina del Censo no pudiese cumplir con la normativa que establece que debe entrar los datos del recuento nacional antes del 31 de diciembre, aunque sí confiaba en poder hacerlo antes de que el mandatario republicano saliese de la Casa Blanca.
«Los demandados han pedido una pausa de 21 días en el caso a fin de que haya una transición ordenada y se permita que la nueva administración evalúe el caso», señala la orden de Koh.
El documento indica que los demandados, es decir el Gobierno, pidieron expresamente que los datos y conteos del censo no se divulguen hasta que esté en funciones el nuevo gobierno, encabezado por el demócrata Joe Biden.
Si la Oficina del Censo completa su labor antes de los 21 días, el gobierno informará a los demandantes y se discutirá la decisión sobre la publicación de las cifras.
Organizaciones de derechos civiles y grupos étnicos demandaron el miércoles la renuncia del director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, después que saliese a luz que el Departamento de Comercio investiga presiones políticas para que esa agencia produjera un informe con detalles sobre los inmigrantes indocumentados antes de que Trump dejase el poder.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), Arturo Vargas, y otros dirigentes calificaron de «inconstitucional y prematura la producción de un informe técnico que incluiría datos sobre los inmigrantes documentados e indocumentados».
La inspectora general del Departamento de Comercio, Peggy Gustafson, envió una carta a Dillingham en la cual le indicaba que se había tenido conocimiento de una supuesta orden suya según la cual la producción del informe era una «prioridad número uno».
Gustafson investiga las presiones de funcionarios designados políticos para que la Oficina del Censo esta semana los resultados del empadronamiento de 2020 con cifras sobre residentes legales e inmigrantes indocumentados en el país.
En el mismo día en que se conoció esta investigación y según NPR, que citaba una fuente de la agencia federal que prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias, funcionarios de carrera en la Oficina indicaron al equipo asignado a completar el informe que cesaran su labor el pasado martes 12.
