Washington, EE.UU.– Los fiscales generales de 18 estados le han dicho por carta al presidente Joe Biden que las deportaciones de inmigrantes indocumentados condenados por delitos sexuales deben continuar.
Después de la investidura presidencial de Biden, y en el marco de su política migratoria el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se canceló la llamada «Operación Talon» que, según los fiscales, se enfocaba en crímenes sexuales.
El jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó sus prioridades para la deportación de migrantes indocumentados que estarán vigentes por 90 días mientras el gobierno elabora detalles de su política migratoria.
Estas prioridades incluyen la expulsión de extranjeros que presenten un peligro para la sociedad o que hayan sido condenados por delitos graves o vinculación con pandillas criminales.
La suspensión de la Operación Talon, según los fiscales que enviaron su carta a Biden, es «mal asesorada, amenaza alentar a los predadores sexuales para que victimicen mujeres y niños, y exacerba la trágica crisis de asalto sexual y tráfico sexual entre las comunidades migrantes».
Por su parte el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien ha querellado en tribunales el decreto de Biden que abría una pausa de 100 días en las deportaciones, señaló que «los criminales peligrosos dentro de la población de indocumentados deben ser sometidos a la justicia».
«Las agencias federales de seguridad y policía dedicadas a proteger a los estadounidenses y el imperio de la ley no pueden rehusarse a cumplir con sus deberes», indicó Paxton. «Insto al gobierno de Biden para que mantenga esta operación y otras similares en todo el país».
La carta, dirigida también al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lleva la firma de los fiscales generales de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Missouri, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisana, Missisippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del sur, Texas, Utah y Virginia Occidental.
La demanda de Texas contra el gobierno de Biden se sustenta en un acuerdo firmado a última hora con el gobierno del expresidente Donald Trump según el cual el gobierno federal ha de dar a varios estados un aviso con 180 días de antelación cuando disponga modificaciones en la política migratoria.
Sin embargo, la semana pasada una coalición de los fiscales generales de 16 estados se sumó al gobierno de Biden en la querella judicial alegando que el arreglo de Texas con el gobierno de Trump es ilegal.
El juez federal Drew Tripton, del Tribunal del Distrito Sur de Texas, extendió hasta el 23 de febrero la orden judicial que bloquea la moratoria de deportaciones decretada por Biden.
