Las votaciones para elegir a ocho jueces del Tribunal de Primera Instancia y tres para el Tribunal Municipal de la Ciudad serán el 18 de mayo. En general, los jueces tienen poder discrecional en las cortes y son los que, en la mayoría de los casos, deciden el destino de una persona en el sistema judicial. Por lo tanto, es importante que los electores conozcan a los candidatos antes de emitir su voto.
El abogado Pedro Miguel Ferrer, de padres puertorriqueños, creció en el vecindario de Hunting Park. Estudió sociología en la Universidad de Temple, y afirma: “el derecho me ayudó a entender el mundo en que vivimos”. En aquel entonces completó sus estudios de leyes y pasó el examen de abogacía de Pensilvania y el de Nueva Jersey. Desde hace cinco años es abogado corporativo para la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA), cuyo trabajo incluye supervisar transacciones y contratos en la construcción de vías de tren, bienes raíces e impuestos y contratos bajo la ley de ahorros de energía garantizados (GESA).
Inició hace unos meses el proceso para contender en las elecciones para juez del tribunal municipal. “La razón por la que decidí lanzarme es porque el sistema penal de la ciudad necesita más jueces que provengan de comunidades latinas”. En la actualidad, hay noventa y cinco jueces en el condado de Filadelfia, y solo cuatro de ellos hispanos: Mia Robert-Pérez, Giovanni O. Campbell, Nina N. Wright-Padilla y Joe Fernández.
Tras evaluar las posibilidades de ser o no escogido como juez en las elecciones del mes próximo, Pedro decidió retirarse de la contienda el 16 de marzo. De hecho, en esta carrera electoral otros siete contendientes decidieron retirarse.
Pedro Miguel es consciente de los difíciles factores de éxito en una campaña para llegar a ser juez. Uno de estos es el abstencionismo del electorado latino. Tres de cada cuatro electores hispanos con los que habló no estaban registrados para votar. “La comunidad no le tiene confianza al sistema electoral y esa es una de las razones por las que no sale a votar”, puntualiza. Por lo tanto, su intención es trabajar para que los electores latinos cambien esa actitud. De lo contrario, esto se vuelve un círculo vicioso. Muchos votantes se quejan de que las cosas no cambian, pero si no salen a votar hay menos probabilidades de que se realice el cambio que desean.
Otro factor es el costo de una campaña para ser juez, que puede ser, en promedio, de entre $50,000 y $150,000. De hecho, el ahora juez Michael Erdos gastó $550,000 en su campaña, como detalló un artículo del 19 de junio de 2007 publicado en el diario The Philadelphia Inquirer.
Residente orgulloso del norte de Filadelfia, el abogado Pedro Miguel Ferrer planea dedicar tiempo para darse a conocer más en la comunidad, invitar a voluntarios y concientizar a los electores sobre la importancia de su voto antes de anunciar su candidatura para juez en la siguiente oportunidad.
