La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) dio a conocer que su partido se prepara para intentar anular 802 mesas electorales en Perú, que equivalen a 202.000 votos, de las votaciones presidenciales de segunda vuelta que prácticamente tiene ganada Pedro Castillo (Perú Libre).
“Fuerza Popular está presentando acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan 202.000 votos, que cuando sean admitidas deben ser retiradas del recuento final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, dijo la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori en conferencia de prensa retomada por el diario Correo.
La abanderada de Fuerza Popularhija del expresidente Fujimori, agregó que existen 1.200 actas que están en disputa y que suman otros 300.000 sufragios que buscaría apelar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE).
“Si sumamos 802 mesas en las que se han presentado solicitudes de nulidad que representan 200 mil votos y le agregamos las 1200 actas que representa 300.000 votos, aquí todavía están en juego 500.000 votos, medio millón de votos a nivel nacional que creemos es fundamental que se analicen para el recuento final que tiene que llevar a cabo el JNE”, añadió Fujimori.
Apenas unas horas después de la conclusión de la jornada electoral, Fujimori acusó al partido Perú Libre de intentar boicotear el proceso e insinuó que estaba en marcha un fraude. “Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular”, aseguró la candidata de Fuerza Popular.
La petición de Fujimori para anular o revisar estos sufragios llega justo cuando Castillo se dirige a convertirse en el próximo presidente del país. De acuerdo con el último reporte de la ONPE, el candidato de Perú Libre lidera las votaciones con el 50.20% de los votos, por 49.79% de Fujimori, con el 99.998% de las actas procesadas.
Con el triunfo en las urnas prácticamente en la bolsa, Castillo se proclamó el ganador del balotaje del pasado 6 de junio y expresó su compromiso de respetar las instituciones. «Seremos un gobierno respetuoso de la democracia, de la constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica», señaló Castillo ante sus simpatizantes, en declaraciones publicadas por DW.
Fujimori está en su tercer intento por convertirse en presidenta de Perú, sin embargo, los resultados muestran que nuevamente se encamina a fracasar en las elecciones por un estrecho margen.
Ahora, Fujimori deberá concentrar sus esfuerzos en encarar las investigaciones en su contra por un escándalo de corrupción relacionado con la empresa Odebrecht y por el cual podría pasar hasta 30 años y 10 meses en prisión si es encontrada culpable.
Un fiscal anticorrupción peruano solicitó este jueves el regreso a prisión preventiva de la candidata presidencial por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución judicial que hace meses habilitó su salida de la cárcel bajo ciertas restricciones.
En el pedido para revocar los privilegios legales de Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, sostiene que la candidata a la Presidencia por el partido Fuerza Popular infringió la regla jurídica impuestas mientras es investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso por el que es investigada, la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Estas son las claves del nuevo pedido fiscal:
1. INCUMPLIMIENTO DE REGLAS
En el documento presentado al juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de investigación preparatoria especializado en crimen organizado, el fiscal sustenta su pedido en la supuesta desobediencia de la imputada ante las medidas dictadas por una sala superior en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020.
En concreto, Pérez señala el «incumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso» que investiga a Fujimori por supuestamente haber recibido dinero ilegal de la brasileña Odebrecht y otras empresas en sus anteriores campañas electorales
«Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales», defiende el texto.
2. EL TESTIGO MIGUEL TORRES
El argumento del fiscal para probar este incumplimiento es la conferencia que celebró Fuerza Popular el pasado miércoles, en la que Fujimori en persona presenta a Torres, abogado, como vocero político del partido fujimorista.
Todo Perú vio en directo como Fujimori y Torres compartieron mesa durante esta aparición pública en la que la agrupación política de la candidata pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, bajo acusaciones de irregularidades y «fraude en mesa» en los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo 6 de junio.
El fiscal Pérez recuerda que Torres es testigo de la acusación fiscal y que declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, por lo que advierte que la defensa de la acusada ya estaba al tanto de que dicha información.
Sin embargo, Torres negó esta en declaraciones a la emisora RPP ser testigo «del caso de aportes» a las campañas de la hija y heredera política del expresidente encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000).
«Lamento que el fiscal confunda las cosas, no soy testigo del caso de aportes, ni nada por el estilo. He asistido a la Fiscalía para temas totalmente distintos», aseveró el abogado.
Torres indicó, además, que él ya estaba retirado de la cancha política y que su aparición junto a la candidata responde a la actual situación del proceso electoral, que mantiene al Perú en vilo a la espera del desenlace del agónico escrutinio oficial de los comicios que se disputan voto a voto Fujimori y el candidato izquierdista Pedro Castillo.
3. MÁS DE 30 AÑOS DE CÁRCEL
En marzo pasado, tras más de cuatro años de pesquisas, Pérez pidió la apertura de un juicio oral y pidió una pena de 30 años y 10 meses de prisión contra la líder de Fuerza Popular por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De acuerdo con la investigación, la candidata habría ocultado, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora brasileña Odebrecht para la financiación de sus campañas electorales.
Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), logró salir pocos meses tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020.
En abril de 2020 fue liberada bajo medidas judiciales restrictivas por el riesgo de contraer COVID-19 que implicaba su estancia en prisión.
Mientras estuvo en prisión, fue incrementándose el goteo de empresarios y antiguos colaboradores que han confesado las maniobras ilícitas que se habrían cometido para ocultar el origen de las donaciones al partido.
El caso está ahora en manos del Poder Judicial y será el juez Zúñiga quien realice el control de la acusación y decida si finalmente se abre juicio oral.
4. EN CAMPAÑA
Todo indica que el juicio es inevitable, salvo que Fujimori alcance la Presidencia de Perú y obtenga la inmunidad judicial en calidad de jefa del Estado.
El proceso judicial en marcha no impidió a Fujimori participar de la carrera electoral e intentar por tercera vez llegar al sillón presidencial, y de hecho la candidata derechista obtuvo del magistrado Zúñiga un permiso extraordinario que le otorgaba vía libre para recorrer el país.
Sin embargo, el juez a cargo de tutelar la investigación rechazó el pedido de Fujimori de salir del territorio nacional y viajar a Ecuador, donde había sido invitada por el escritor Mario Vargas Llosa para participar en un foro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL).
