La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, aprobada en 2020, tiene como objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.
La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica.
Hasta la fecha, 62 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador -la mayoría funcionarios públicos en activo- de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales han sido incluidos en la lista.
La «Lista Engel» surgió por iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York Eliot Engel en 2019.
Engel propuso la legislación para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”, reza el sumario de la ley.
Desde la aprobación de la legislación por el pleno del Congreso el 22 de diciembre de 2020, recae en el secretario de Estado y el engranaje del Departamento de Estado pormenorizar las investigaciones para cumplir con el mandato de incluir a aquellas figuras en los tres países vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia.
¿A QUIÉN SE HA INCLUIDO EN LISTA ENGEL?
El Congreso de EE. UU. ya recibió este año dos listados enviados por el secretario de Estado, Antony Blinken, para la Lista Engel. El más reciente, de finales de septiembre, incluyó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público guatemalteco, Ángel Pineda.
También incluyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que asumieron el 1 de mayo la titularidad en la máxima instancia judicial fuera del proceso que manda la Constitución salvadoreña, luego que la bancada legislativa del partido del presidente Nayib Bukele depusiera a los titulares tres años antes de que terminaran su mandato.
EE. UU. ha reiterado que no acepta los nombramientos de los actuales jueces por considerar que los sustitutos responden a los intereses del gobierno en turno y no garantizan la independencia judicial.
“Es una herramienta diseñada para proporcionar consecuencias inmediatas a las personas que participan en la corrupción y en actos que socavan la democracia en El Salvador, Honduras y Guatemala, e incluye a las personas que se ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas o que han participado en actos significativos de corrupción”, explicó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador al ampliar el listado en septiembre pasado.
El 1 de julio, el Departamento de Estado anunció la lista de 55 personas que incluye legisladores, jueces, funcionarios de gobiernos y figuras del sector público, y dijo que la lista se seguirá ampliando para «servir de elemento disuasorio”.
LAS IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
La primera consecuencia para centroamericanos nombrados en la “Lista Engel” es la cancelación de visas de EE. UU. o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense.
“A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará inmediatamente el visado y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos, a menos que se conceda una exención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, según el instructivo de la legislación, publicado en el Registro Federal.
El Departamento de Estado ha asegurado que se siguen investigando a los incluidos en la lista y que podría “utilizar otras herramientas para desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas” en esos países.
La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte con «bloqueo de propiedades».
LA PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN
El Departamento de Estado echa mano de toda información valiosa y creíble que ayude a señalar a determinadas personas, que puede ser desde investigaciones periodísticas hasta de centros de lucha contra la corrupción en la región, entre otros.
Al conocerse el segundo listado del 20 de septiembre, que señalaba a la fiscal general de Guatemala, el Ministerio Público de ese país salió al paso para calificar de “totalmente falsas e infundadas acusaciones”.
También dijo que la “Lista Engel” no está cumpliendo una lucha contra la corrupción “sino que se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas que están perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el Ministerio Público”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, también defendió el trabajo de la fiscalía dirigida por Porras y tildó a la Lista de “falta de respeto hacia las relaciones internacionales”.
En El Salvador, la administración del presidente Nayib Bukele —donde al menos 12 funcionarios cercanos al mandatario están incluidos en la Lista, además de políticos de los partidos tradicionales se ha restado credibilidad a la publicación del Departamento de Estado y el mandatario la tildó de “pura política e injerencia de la más bajera” que “no tiene nada que ver con corrupción”.
Desde el estado hondureño ha imperado el silencio, en este país centroamericano existe además la preocupación por la supuesta penetración del crimen organizado en el aparato estatal. Honduras celebrará elecciones a finales de este mes para elegir al sustituto del presidente Juan Orlando Hernández, a los diputados del Congreso Nacional y alcaldes del país. Decenas de legisladores han sido incluidos en la «Lista Engel».
