La crisis migratoria sigue desbordando a México. La pandemia ha sido una oportunidad para que diversos gobiernos endurezcan sus políticas migratorias, agravando aún más la situación de los derechos humanos para los migrantes.
En la frontera entre México y Estados Unidos, incluso antes de que llegara el COVID-19, la política migratoria del entonces presidente Donald Trump había creado una crisis humanitaria en el norte mexicano. Los refugios migratorios se llenaron rápidamente y las condiciones de derechos humanos empeoraron.
Las organizaciones de ayuda humanitaria que proporcionan alimentos, ropa, apoyo legal y atención médica enfrentan más dificultades para llevar a cabo sus actividades. Human Rights Watch ha instado en más de una ocasión a México y a Estados Unidos a que cesen los «abusos» contra desplazados, migrantes y solicitantes de asilo.
Las estrategias de ambos gobiernos apuntan a una ayuda financiera para promover el desarrollo económico en Centroamérica. Por ejemplo, con apoyos para programas de plantación de árboles y empleo juvenil que podrían crear 330.000 empleos en seis meses en Guatemala, Honduras y El Salvador.
¿Pero quién ve por los desplazados mexicanos?
Principalmente señalado como el país de tránsito de las caravanas que buscan llegar a Estados Unidos, México no suele considerarse un objetivo o punto de llegada. Sin embargo, México ya tiene un número alarmante de desplazados internos que históricamente han sido eclipsados, poco reconocidos y menos, ayudados.
Son mexicanos huyendo del miedo, la violencia o la pobreza y que están dispuestos a asumir graves riesgos al desplazarse.
Los grupos del crimen organizado enfrentan mayor dificultad para realizar sus actividades debido a la pandemia y a una lucha por el control de un territorio clave, aumentando la violencia y obligando a muchos mexicanos a abandonar sus hogares. Guerrero, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de desplazados internos en México a pesar de ser uno de los estados más ricos en recursos naturales. En esta zona opera el cártel Guerreros Unidos y este estado es considerado por consultores en seguridad como el epicentro del crimen organizado del país.
Los desplazados al necesitar vivir en una comunidad diferente enfrentan grandes dificultades para encontrar viviendas, empleo, educación para sus hijos y son especialmente vulnerables, ya que no se incluyen en los marcos internacionales establecidos para la protección de los refugiados. No obstante, estas personas enfrentan las mismas amenazas y peligros que los migrantes, refugiados y desplazados de otros países.
De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, es responsabilidad del gobierno, en este caso, México, abordar el desplazamiento interno forzado de sus ciudadanos. Esto dificulta que las organizaciones humanitarias internacionales intervengan en lo que es una responsabilidad interna.
Las autoridades y agencias mexicanas de migración carecen de recursos y están sometidos a una presión mayor a medida que México recibe un número récord de solicitudes de refugiados y solicitantes de asilo.
De enero a octubre de 2021, México recibió su mayor registro en la historia, según informó en noviembre la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. En lo que va del año, el número de solicitudes se ha triplicado con respecto al mismo periodo de 2020.
Y ahora, Estados Unidos volvió a implementar el programa “Quédate en México”, forzado por la Corte Suprema que rechazó en agosto un intento del gobierno del presidente Joe Biden de bloquear el dictamen del juez con sede en Texas.
Desde hace unos días se obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano hasta que tengan respuesta de las autoridades estadounidenses sobre sus solicitudes, que desde su puesta en marcha ya se deja ver con grandes grupos de migrantes en algunas ciudades fronterizas.
Si México no logra procesar a los migrantes entrantes, entonces es aún menos capaz de brindar apoyo a los desplazados internos, quienes, hasta hace poco, no eran reconocidos a nivel nacional como un grupo vulnerable que necesita protección.
Especialistas mexicanos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aplaude las remesas, han externado su interés en que Estados Unidos amplíe su programa de visas de trabajo temporal para que más mexicanos puedan satisfacer la demanda de mano de obra estadounidense sin convertirse en parte del flujo de migración ilegal.
Si bien el Gobierno mexicano tiene la mayor responsabilidad legal; el sector privado, las organizaciones internacionales y los medios de comunicación también podemos y debemos desempeñar un mayor papel en este tema de justicia social internacional.
