San Juan, Puerto Rico.- El secretario de Estado y director ejecutivo de la corporación pública de asesoría fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero, aseguró a Efe que la isla debe mantener «una cultura de responsabilidad fiscal por los próximos años» con el fin de equilibrar sus finanzas y no repetir los errores del pasado.
Si no se sigue una disciplina fiscal que busque cuadrar ingresos con gastos, Puerto Rico podría entrar en un periodo parecido «al que nos llevó a este proceso de Promesa», advirtió el primer ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la citada corporación creada para actuar como agente fiscal del Gobierno.
Marrero se refirió así a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), aprobada por el Congreso en Washington en 2016 para abordar el asunto de la deuda impagable de la isla, que afectaba a muchos ahorradores de Estados Unidos.
El secretario de Estado apostó en sus declaraciones a Efe por el equilibrio en las finanzas públicas semanas después que la jueza federal Laura Taylor confirmara el llamado Plan de Ajuste de Deuda (PAD), que reduce el pago a los acreedores del Gobierno puertorriqueño de 34.000 a 7.400 millones de dólares.
EXPANDIR LA BASE CONTRIBUTIVA
«Cuadramos chequera y la caja —tras aprobarse el PAD—, pero hay que asegurar que la base contributiva se expanda», dijo el hombre de las finanzas de Pedro Pierluisi, gobernador desde 2021, sobre la necesidad de que más personas paguen impuestos.
La ratificación por la jueza del plan, que es la base de lo que se pagará a los acreedores y que permite organizar las finanzas públicas, indica el camino para dejar atrás una deuda que no permitía el desarrollo de este Estado Libre Asociado a Estados Unidos, al que a través de Promesa se impuso una entidad que supervisa las finanzas públicas.
El proceso comenzó en 2015, cuando el Ejecutivo de Puerto Rico, una isla de poco más de 3 millones de habitantes, anunció que iba a dejar de pagar su multimillonaria deuda.
El plan fiscal ya ratificado —documento que es la guía del presupuesto anual— es claro y determina que hay que implementar unas determinadas reformas estructurales para asegurar que la economía se mueva en la dirección correcta.
REFORMAS ESTRUCTURALES
«Una de ellas supone la reforma estructural de la energía, de la que hemos logrado progresos», dijo, aunque reconoció que «quedan algunos pasos» por dar.
Señaló que están en marcha, asimismo, reformas estructurales de educación, infraestructuras y del mercado laboral.
Marrero sostuvo que para contar con unas finanzas sólidas y una economía en desarrollo se continuará «apoyando estrategias de exportación» que permitan equilibrar la balanza comercial.
«Vamos además a trabajar una reforma contributiva para asegurar y optimizar de la mejor forma los fondos federales», subrayó, en alusión a los fondos destinados a la reconstrucción —consecuencia de los huracanes de 2017— de Puerto Rico.
LOS FONDOS SUPONEN UNA OPORTUNIDAD
Esos fondos federales, que ascienden a 80.000 millones de dólares, permitirán «rehabilitar y actualizar nuestras infraestructuras sin necesidad de ir al mercado para tomar esa deuda», indicó Marrero.
En total, el Gobierno dispone de cerca de 100.000 millones de dólares, si se incluyen los fondos recibidos por la covid-19, una cifra —precisó— «del tamaño de nuestra economía para invertir en los próximos 10-15 años».
El secretario de Estado subrayó que los indicadores económicos apuntan «a que Puerto Rico está teniendo un muy buen repunte y una muy buena actividad económica ‘post’ covid-19».
Puerto Rico por mucho tiempo tuvo un desempleo de doble dígito y una participación laboral alrededor del 35 %, cifras que han mejorado al 7 % y 42 %, respectivamente.
