La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y sectores empresariales de la isla hicieron el martes en Miami un llamado a la diáspora en Florida para presionar un cambio en la política estadounidense que no les discrimine, especialmente en temas sanitarios, de seguridad alimenticia y desarrollo económico.
Cameron McKenzie, presidente de la CCPR, recordó a los más de 1,2 millones de puertorriqueños que viven en Florida que las decisiones que se toman en el Congreso en Washington afectan a los poco más de 3 millones de habitantes de la isla.
Precisó que buscan la presión de los votantes a los congresistas de Estados Unidos continental por una «paridad» de los programas oficiales sanitarios como Medicare y Medicaid.
La CCPR, a la que se unió la Puerto Rican Professional Association (PROFESA), anunciaron así en una rueda de prensa el llamado Puerto Rico Equality Pledge Tour.
La idea es visitar jurisdicciones de Estados Unidos que mantienen lazos estrechos con la isla, como Florida, con el fin de que organizaciones y miembros de la comunidad se sumen a su reclamo a los congresistas para que aprueben medidas que hagan justicia a los estadounidenses que residen en Puerto Rico.
Urgen a llamar y a escribir a las oficinas de sus legisladores federales para exigir condiciones de igualdad, especialmente en el tema sanitario. Luis Pizarro, presidente de Comité de Salud de la CCPR, criticó que los isleños reciben una «especie de derechos de segunda mano» al detallar que los fondos anuales de salud para un estadounidense son 12.000 dólares, pero se reducen a 4.000 en la isla.
En el sur de Florida la presión se concentra en los senadores Marco Rubio y Rick Scott para que apoyen iniciativas que den paridad a beneficiarios de programas federales en Puerto Rico como el Medicaid y el Medicare Advantage.
Mediante el proyecto de ley HR 7997 la Cámara y otros sectores empresariales busca dar paridad en los servicios del Medicare Savings Program.
De igual forma extender los servicios del programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) a personas y familias indigentes que ya reciben asistencia para alimentos (NAP), así como la urgencia de fortalecer los incentivos a la manufactura para que la economía en Puerto Rico pueda mejorar.
«Vamos a seguir luchando por la paridad en fondos para la salud y por la economía de Puerto Rico en todas las jurisdicciones donde hay comunidades hispanas y boricuas», explicó McKenzie, presidente de la CCPR.
El gremio agregó que la disparidad en asistencia nutricional equivale una pérdida de 2.000 millones anuales que no están disponibles para ciudadanos de todas las edades que viven bajo el nivel de pobreza, que es un 43 % de la población en Puerto Rico.
La directora ejecutiva de la Cámara, Liza García Vélez, informó de que Puerto Rico, a diferencia del resto de los estados y territorios, no es elegible para el SNAP. El proyecto de ley HR 8945 busca una transición ordenada de NAP a SNAP que aumente seguridad alimentaria a ciudadanos residentes en Puerto Rico, añadió. Por otro lado, urgieron ayuda en tema de la manufactura, que representa el 49 % del PIB de la isla.
«Por más de 20 años, la Asociación de Profesionales Puertorriqueña en Florida ha mantenido su compromiso inquebrantable de empoderamiento para todos los boricuas», dijo Rafael González, presidente de PROFESA, organización que se sumó a la iniciativa.
La igualdad en temas de salud y economía no debería ser un tema de discusión, la equidad para todos los ciudadanos americanos debe ser un hecho, aseguró.
