Los fiscales federales no pedirán la pena de muerte para el hombre acusado de asesinar a disparos a más de una veintena de personas en un ataque racista en un Walmart de El Paso, Texas, en 2019.
El Departamento de Justicia dio a conocer su decisión de no buscar la pena capital contra Patrick Crusius en un anuncio de una oración presentado el pasado martes ante la corte federal en El Paso.
El juicio federal contra Crusius está previsto que comience el 8 de enero de 2024.
Crusius, ahora de 24 años, está acusado de ir contra mexicanos durante la masacre del 3 de agosto que dejó 23 muertos y decenas de heridos
El acusado, oriundo del área metropolitana de Dallas, enfrenta cargos federales de crímenes de odio y violaciones a las leyes de armas de fuego, además de cargos estatales de homicidio punible con la pena capital, y se ha declarado inocente.
En febrero de 2020, el autor del tiroteo fue acusado de 90 cargos federales, que incluían 22 cargos de delitos de odio con resultado de muerte, 23 delitos de odio que involucran un intento de matar y 45 cargos por disparar un arma de fuego en relación con delitos de odio. Cinco meses después, el 9 de julio de 2020, se volvió a acusar al tirador sumando la muerte de una persona más.
Los fiscales federales no explicaron su decisión de no pedir la pena capital para Crusius, aunque aún podría enfrentarse a una posible ejecución en caso de ser declarado culpable en la corte estatal.
La decisión de no buscar la pena de muerte en el caso contra Crusius podría ser un punto de inflexión para el Departamento de Justicia, que ha enviado señales contradictorias en cuanto a sus posturas sobre la pena de muerte federal que el presidente Joe Biden prometió abolir durante su campaña presidencial.
Biden es el primer mandatario en oponerse abiertamente a la pena capital, y su elección aumentó las esperanzas de quienes rechazan las ejecuciones, mismos que desde entonces han expresado su frustración ante la falta de claridad en la manera como el gobierno podría poner fin a la pena de muerte a nivel federal o siquiera si ese es el objetivo.
La decisión se produce semanas después de que Jaime Esparza, el exfiscal de distrito en El Paso, asumió la fiscalía federal para el oeste de Texas. Esparza dijo cuando era fiscal de distrito que buscaría la pena de muerte en el caso contra Crusius. Un portavoz de la oficina de Esparza refirió cualquier pregunta al Departamento de Justicia en Washington, D.C., donde otro vocero se negó a comentar.
Crusius se rindió ante la policía después de la masacre, diciendo “yo fui el que disparó” y que iba tras mexicanos, según una orden de arresto. Los fiscales han dicho que publicó un manifiesto en internet poco antes del tiroteo, el cual dijo que era “en respuesta a la invasión hispana de Texas”.
Los abogados de Crusius no respondieron de momento a solicitudes de comentarios.
La fiscal de distrito que había estado encabezando el caso estatal, Yvonne Rosales, presentó su renuncia en noviembre debido a acusaciones de incompetencia en varios casos en El Paso, lo que ha frenado el proceso en contra de Crusius. El gobernador de Texas, Greg Abbott, designó el mes pasado a un nuevo fiscal de distrito para “restaurar la confianza” en el sistema de justicia penal local.
