San Juan, Puerto Rico.– El alcalde de Ponce (sur), Luis Irizarry Pabón, será investigado por presuntamente solicitar dinero a sus empleados de confianza para pagar un préstamos personal para sufragar su campaña política, violando así disposiciones legales.
Así lo informó este lunes en un comunicado de prensa el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, tras recomendar a la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) que designe a uno de sus funcionarios judiciales para investigar a Irizarry.
La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales.
«En el Departamento de Justicia continuamos combatiendo la corrupción pública que afecta tanto las operaciones gubernamentales como a los ciudadanos», dijo Emanuelli.
«Todo aquel que le robe al pueblo o vulnere su confianza tendrá que rendir cuentas», agregó.
La prueba recopilada demostró que Irizarry, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos hicieran aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política.
Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.
«La DIPAC determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente», establece el informe emitido por la Dipac a Emanuelli.
Igualmente, existe causa suficiente para creer que Irizarry, del opositor Partido Popular Democrático, cometió los delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.
Emanuelli acogió la recomendación de la Dipac, y envió a la Opfei el informe sobre la investigación preliminar y el expediente.
La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició con una comunicación recibida en la Oficina de Contralor de Puerto Rico, que fue referida al secretario de Justicia.
