HARRISBURG- En un comunicado de prensa, la procuradora general Michelle Henry anunció que se presentó una demanda contra la compañía de administración de propiedades del área de Filadelfia, SBG Management Services, Inc., por múltiples violaciones, incluida la falta de mantenimiento de viviendas seguras y las represalias contra los inquilinos que presentaron quejas ante la Oficina del Fiscal General.
La Oficina del Fiscal General presentó una demanda contra SBG y su propietario y director Philip Pulley.
Los inquilinos que viven en las propiedades de SBG, incluidos Lindley Towers y Cresheim Valley Apartments en Filadelfia, supuestamente experimentaron problemas graves y repetidos, incluido el deterioro de las superficies interiores y exteriores, infestaciones de roedores y cucarachas, puertas y cerraduras rotas y sin seguridad, fugas excesivas y daños por agua, y exposición a las aguas residuales sin tratar y al moho. El año pasado, muchos inquilinos de Lindley Towers estaban presentes en sus hogares cuando se derrumbó la fachada del edificio.
La demanda busca restitución para los consumidores y restricciones para que SBG renueve los contratos de arrendamiento y cobre el alquiler hasta que todas las licencias y certificaciones requeridas estén en regla.
“Esta compañía administradora descuidó la seguridad y las necesidades humanas básicas de sus inquilinos, y luego pensó que podía intimidar a quienes hablaron imponiendo tarifas de represalia injustas”, dijo el Fiscal General Henry. “Mi oficina no tolerará a los propietarios que no mantengan las propiedades y pongan en riesgo a los habitantes de Pensilvania”.
La demanda alega que SBG, entre otras cosas: no mantuvo sus propiedades de alquiler en condiciones seguras y adecuadas; hizo declaraciones falsas con respecto a las reparaciones y el mantenimiento; entró en contratos de arrendamiento y cobró el alquiler sin las licencias de alquiler requeridas y las certificaciones de seguridad contra el plomo; impuso tarifas de represalia injustas a los inquilinos que presentaron quejas ante la Oficina de Protección al Consumidor de la Oficina del Procurador General; y participó en prácticas ilegales de desalojo por autoayuda.
Los inquilinos señalaron los problemas a la atención de la administración de SBG, pero los problemas no se solucionaron de manera oportuna, si es que lo hicieron, incluso cuando las solicitudes involucraban condiciones urgentes y peligrosas.
La falla sistemática y prolongada de los demandados para mantener razonablemente sus propiedades de alquiler finalmente llegó a un punto crítico en septiembre de 2022, cuando el techo y la fachada exterior de Lindley Towers se derrumbaron parcialmente mientras los inquilinos estaban presentes en el edificio, lo que llevó a que el edificio fuera declarado «inseguro” y los inquilinos se vieron obligados a mudarse de sus hogares.
Un inquilino de Cresheim Valley Apartments dijo: “Los inquilinos actuales siguen teniendo un temor constante de que, si utilizan sus derechos de inquilino, SBG Management tendrá consecuencias significativas, que incluyen la no renovación de los contratos de arrendamiento, amenazas de desalojo y aumentos sustanciales de la renta”.
Además de SBG Management Services, Inc. y Pulley, la demanda nombra a una serie de coacusados corporativos para los cuales Pulley es accionista único y principal. Las partes relacionadas 2nd Chance Initiative, LLC y Paul Early también se nombran como demandados en la demanda.
Cualquier consumidor que haya tenido experiencias similares con SBG Management o los otros demandados debe presentar una queja en línea ante la Oficina de Protección al Consumidor o comunicarse con la Oficina al 1-800-441-2555.
La demanda solicita al tribunal que ordene a los demandados:
-Están permanentemente prevenidos de cualquier práctica que viole la Ley de Protección al Consumidor.
-Tienen prohibido celebrar o renovar contratos de arrendamiento, cobrar rentas o recuperar la posesión de locales arrendados a menos y hasta que los demandados tengan todas las licencias y certificaciones requeridas para sus propiedades.
-Pagar restitución a todos los consumidores que hayan sufrido pérdidas como resultado de la conducta de los demandados.
– Pagar multas civiles de $1,000 por cada violación de la Ley de Protección al Consumidor y $3,000 por cada violación que involucre a un consumidor de 60 años o más.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Filadelfia.
