Siete años después de que Joe Arpaio fue destituido como jefe de policía del condado más poblado de Arizona, los contribuyente siguen cubriendo los gastos de un veredicto por encasillamiento racial relacionado con sus distintivas medidas contra la migración. Y esos costos han ido en aumento desde entonces.
Se prevé que el total de costos legales y de cumplimiento en la reforma del Departamento de Policía del condado de Maricopa alcance los 314 millones de dólares para mediados de 2025, incluidos los 41 millones que aprobaron el lunes los funcionarios del condado, el monto más elevado que han tenido que cubrir los contribuyentes del condado desde que se interpuso la demanda en 2007.
Hace casi 11 años, un juez federal llegó a la conclusión de que los agentes de la policía del condado habían encasillado racialmente a los hispanos durante los operativos de tránsito que ordenó Arpaio para detectar a inmigrantes. Como resultado, el juez ordenó costosas reformas en las operaciones de tránsito de la agencia y, posteriormente, en su unidad de asuntos internos.
Se tiene previsto que el gasto de los contribuyentes continúe hasta que la policía del condado cumpla en su totalidad con los cambios que ordenó la corte por tres años consecutivos. Aunque se ha registrado progreso en ciertos aspectos, aún no se ha dictaminado que la agencia esté en pleno cumplimiento.
El monto que se invierte en reformar a la policía del condado tiene un gran peso en los círculos policiales y políticos de Arizona.
Hace unos meses, hubo quienes mencionaron los enormes costos de cumplimiento al argumentar que la ciudad de Phoenix debería negarse a un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia a nivel federal, el cual investiga al departamento de policía de la ciudad. En las últimas semanas, algunos activistas por los derechos de los inmigrantes sacaron a relucir el tema al momento de criticar una propuesta en la Asamblea Legislativa del estado que involucraría a la policía local en la aplicación de las leyes migratorias.
Raúl Piña, miembro de una junta de asesoría comunitaria establecida para ayudar a mejorar la confianza en la policía del condado, ha criticado los esfuerzos de Arpaio y su sucesor inmediato, Paul Penzone, para cumplir con los cambios que ordenó la corte.
Pero Piña dijo que la agencia finalmente podría estar dejando el tema atrás de la mano del reemplazo de Penzone, Russ Skinner. Aunque señaló que sus comentarios no deberían ser considerados como un respaldo a Skinner, Piña dijo que le impresionó la manera en que el actual jefe de policía reconoció los fracasos de la agencia durante una reciente junta comunitaria.
“Por primera vez desde que he estado involucrado, el jefe de policía finalmente dijo: ‘Esto es nuestra culpa, tenemos que arreglar esto’», indicó Piña.
La oficina de Skinner no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.
La gran mayoría de los gastos van dirigidos a la contratación de empleados para ayudar a cumplir con los requerimientos de la corte, y de personal adicional que trabaja a nombre del tribunal para vigilar que la policía del condado cumpla con ambas reformas.
Arpaio encabezó 20 de los operativos policiales a gran escala contra inmigrantes realizados entre enero de 2008 y octubre de 2011. Con Arpaio al mando, la agencia continuó aplicando leyes migratorias con operativos más pequeños y rutinarios hasta principios de 2013.
Eso condujo a la condena de Arpaio por desacato de la corte luego de desobedecer una orden de un juez en 2011 de ponerle fin a los patrullajes. Evitó una posible sentencia con tiempo en prisión después de que el entonces presidente Donald Trump le indultó su condena por delito menor en 2017.
Arpaio, quien cumple 92 años el próximo mes y busca convertirse en alcalde del suburbio de clase alta en el que ha vivido durante mucho tiempo, dijo que no se arrepiente de las restricciones migratorias que impuso.
Culpó al fallo del juez de los costos actuales para los contribuyentes y aseguró que la prohibición que impuso el estado al tráfico de inmigrantes en 2005 lo facultaba para llevar a cabo los patrullajes. “Hice lo que tenía que hacer”, afirmó.
Más o menos en la misma época en la que se aprobó esa ley, los defensores de medidas más restrictivas contra la inmigración aseguraron que combatir el problema ayudaría a reducir las pérdidas financieras que sufre Arizona a causa de su porosa frontera con México.
Durante una entrevista realizada el miércoles, Arpaio eludió una pregunta de si los costos por cumplimiento relacionados con su caso superarían el de cualquier ahorro que la población pudo haber obtenido de estas labores policiales. En su lugar habló de la oleada de personas que han cruzado la frontera desde México en los últimos años.
“¿Y se quejan de mí? ¿De que le costé dinero a los contribuyentes?”, preguntó Arpaio. “Sumen todo lo que está pasando hoy día”.
Estudios de detenciones de tránsito realizados después del veredicto en el caso de Arpaio revelan que los agentes suelen tratar de forma diferenciada a los conductores negros o hispanos, aunque el estudio no indica específicamente que los latinos siguen siendo encasillados.
