“El 84% de los votantes cree que deberíamos dar prioridad a las reformas de nuestro sistema de inmigración, en lugar de apegarnos al status quo” dijo el senador Tom Carper (D-Del.) en su defensa de la Ley Bipartidista de Fronteras (Bipartisan Border Act), el pasado mayo.
La ley se estancó, según Carper, “a instancias de Trump” al animar este en redes sociales a los senadores republicanos a no dedicar más tiempo al asunto migratorio hasta obtener “más senadores y congresistas en noviembre”.
En diciembre pasado en un discurso electoral en Reno, Nevada, Trump compartió sus planes para realizar “la deportación más grande en la historia de América”. Recientemente alardeó de su idea de usar a la policía local para conseguirlo, en su entrevista en “FOX & Friends Weekend” (transcripción sin cortes), a días después de ser declarado culpable de su más reciente juicio, por un jurado neoyorquino. Allí el expresidente habló de utilizar a la policía local para identificar a potenciales personas deportables.
En el minuto 37:31 señaló que “…te desharás de 10 personas realmente malas y de una hermosa madre (…) La forma de deshacerse de ellos es con la policía local. La policía local conoce a estas personas por su nombre, segundo nombre y apellido. La policía local es genial. Simplemente no se les permite hacer su trabajo. Tienen miedo de perder su pensión. Tienen miedo de perder a su esposa o a su marido”.
Este uso de la policía local en un asunto federal como el de los inmigrantes indocumentados no es nuevo.
En entrevista a CNN, Trump aludió a la Operación Espaldas Mojadas (“Operation Wetback”), que tuvo lugar en 1954 bajo la administración Eisenhower. Algo que también prometió en 2016.
Parece que ahora Trump quiere militarizar (utilizando a la Guardia Nacional) el tema, pero utilizando inicialmente fuerzas policiales locales y centrándose en cualquier migrante con antecedentes penales. Señaló que la deportación sería inmediata “No los vamos a dejar en el país. Los estamos sacando”. Usaría dinero federal para presionar a la policía local.
Cualquier acción que tome Trump seguramente será impugnada en los tribunales anuncia ACLU, que ya está trabajando sobre cómo contrarrestar legalmente las posibles medidas migratorias que si llegase a la presidencia Trump podría adoptar.
Según datos registrados desde hace un par de décadas, se estima que en Estados Unidos fluctúan las cifras de unos 10 millones de inmigrantes indocumentados de los cuales alrededor de siete millones estarían identificados por ICE, que mantiene una base de datos de elegibles para deportación de aquellos cuyos casos de asilo e inmigración se encuentran pendientes.
Alrededor de 1.3 millones de personas permanecerían en Estados Unidos después de haber recibido una orden de deportación de un juez de inmigración; que serían potencialmente deportados en caso de ser detenidos, pues son los más fáciles para deportar porque ya tienen un procedimiento abierto.
En las cifras actuales, son difíciles de contabilizar los miles de inmigrantes que han venido entrando pidiendo asilo; pero los reportes de noticias describen las oleadas migratorias alrededor de mundo, en especial la situación que se presenta en la frontera sur.
Para los analistas, las encuestas desaprobando la política migratoria del presidente Biden –y que este sea uno de los mayores argumentos de Trump contra él–, fueron el motivo por el que Biden dictó la orden ejecutiva de 4 de junio con el objetivo de frenar el flujo de inmigración irregular en la frontera sur.
Las acciones que se prevén para restricciones de entrada de inmigrantes indocumentados solo entrarían en vigor cuando la frontera sur esté desbordada (altos funcionarios del gobierno dijeron que se levantará cuando haya un promedio diario de menos de 1,500 encuentros en puertos de entrada al país, y se activará cuando esos encuentros alcancen los 2,500).
Para Rafael Collazo, director ejecutivo del Fondo de Acción de UnidosUS “…Esta medida no aborda la reforma integral que nuestra comunidad realmente necesita. Si bien la orden aborda el problema inmediato de los cruces fronterizos, no apunta a los verdaderos culpables: los traficantes de personas y los contrabandistas de drogas que explotan a los migrantes desesperados…”.
Michael Whatley, presidente del Comité Nacional Republicano (RNC) opina que “Si Joe Biden quisiera poner fin al baño de sangre fronterizo, restablecería las políticas de Primero Estados Unidos, del presidente Trump, que mantuvieron alejados a criminales y terroristas”.
Hay una hoja de ruta en caso de victoria republicana: el Proyecto 2025 (Project 2025). Cuenta con un manual que en su página 149 “Fuerza de orden estatal y local” (State and local law enforcement), menciona la eventual autorización del Congreso a las fuerzas de orden estatal y local a participar en acciones de inmigración y seguridad fronteriza de conformidad con Arizona vs. Estados Unidos. También exige el cumplimiento de las detenciones de inmigración en la máxima medida compatible con la Décima Enmienda y el establecimiento de desincentivos financieros para las jurisdicciones que implementen políticas oficiales o políticas de santuario no oficiales.
Tan solo cuatro días después de la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Biden, la campaña de Trump lanzó la coalición “Latinos Americanos por Trump”. En su presentación se dijo que “los latinos están a favor de políticas migratorias que permitan la entrada y formalización ordenada y legal de inmigrantes a Estados Unidos y, en consecuencia, desaprueban cómo a millones se les ha permitido cruzar la frontera ilegalmente. Sostienen que los votantes latinos confían «abrumadoramente» en Trump, más que en Biden, en su enfoque para abordar la seguridad fronteriza y la inmigración”.
Mientras tanto La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ha compartido con The Associated Press un memorando en el que ofrece posibles respuestas legales a la política de inmigración de Trump.
El senador Carper ante el Senado de los Estados Unidos dijo que solo una solución bipartidista en materia migratoria será duradera: “Como senadores estadounidenses, somos elegidos para servir al pueblo estadounidense y tenemos la oportunidad de cumplir con esa responsabilidad promulgando la legislación que tenemos ante nosotros. Nuestros tres colegas han demostrado que trabajar juntos es posible. Ahora nos corresponde al resto de nosotros hacer lo correcto. Terminemos el trabajo. Implementemos una solución duradera. Y hagámoslo juntos”.
El pasado miércoles, legisladores demócratas reclamaron a Biden medidas urgentes para proteger a los ‘soñadores’.
El senador Alex Padilla y las representantes Delia Ramírez, Sylvia García y Rashida Tlaib participaron de una rueda de prensa de organizaciones proinmigrantes en el Congreso con motivo de los 12 años del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que se cumplen esta semana. A lo largo de los años ha enfrentado numerosos desafíos legales, está ahora ante un tribunal de apelaciones federal que estudia su legalidad.
Para estos legisladores, que no han logrado aprobar en el Congreso una ley que proteja definitivamente a estos ‘soñadores’ por la oposición de la mayoría de republicanos, la única solución que queda es que Biden adopte una medida ejecutiva.
Padilla recordó que «hace 12 años la vida cambió para cientos de miles de familias en todo el país» gracias a DACA.
Finalmente, García, fue crítica con la decisión que tomó Biden la semana pasada para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México. «En lugar de perder un tiempo valioso impulsando políticas de la era Trump, nuestro presidente debería brindar alivio a los ‘soñadores’ y otros inmigrantes que viven en nuestro país. A largo plazo», afirmó.
