Según reportes de la cadena NBC, dentro de las políticas del próximo gobierno MAGA, estarían las de no considerar más, las iglesias, escuelas y otros lugares donde en la actualidad no pueden intervenir los agentes de ICE, como refugios para los inmigrantes indocumentados.
Las amenazas del presidente electo Trump, de realizar “la madre de todas las deportaciones” cueste y lo que cueste, ha mantenido la zozobra entre las familias de estatus migratorio mixto.
El presidente estadounidense, Joe Biden, recibió el pasado miércoles por parte de los senadores de origen hispano Catherine Cortez Masto, Alex Padilla y Ben Ray Luján la petición firme y urgente de usar su autoridad para proteger a los inmigrantes antes de la llegada al poder del republicano Donald Trump.
Cualquier acción del presidente saliente ocurriría a raíz de una elección que Trump ganó con promesas de una estricta aplicación de las leyes de inmigración. El Partido Demócrata también está debatiendo internamente cómo debería abordar la inmigración y la seguridad fronteriza después de sus derrotas electorales.
Biden, según Cortez Masto, tiene la oportunidad de «fortalecer de verdad su legado como mandatario que mantiene a las familias unidas y protege a la gente» que ha ayudado a conseguir que Estados Unidos sea un país «fantástico».
En concreto, insta a proteger a los migrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de países como Venezuela, Ecuador, El Salvador y Nicaragua y a los «soñadores» o «dreamers», aquellos migrantes que llegaron al país de manera irregular siendo niños.
Más de 1 millón de migrantes en Estados Unidos dependen del TPS, que permite a las personas que ya están en el país quedarse y trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Trump ha insinuado que reducirá el programa.
«Es muy sencillo. El presidente tiene la autoridad legal para actuar», sostuvo Cortez Masto en una conferencia de prensa, advirtiendo de que, tal y como en el primer mandato de Trump (2017-2021), la futura Administración «va a intentar implementar políticas migratorias caóticas que separan a las familias».
Trump ha prometido mano dura en materia migratoria: quiere deportar a todos los que están en EE. UU. ilegalmente.
«En los próximos cuatro años tenemos que estar dispuestos a usar nuestras voces. Trabajaremos con la administración actual y futura para proteger a los inmigrantes titulares del TPS, los soñadores, las familias que huyen de la violencia y cualquier persona que busque refugio en nuestro suelo de buena fe», añadió en la rueda de prensa Ben Ray Luján.
«Mientras Biden siga en el poder todavía hay esperanza de evitar el desastre. Hemos pedido esto durante años, pero hoy lo hacemos de nuevo sabiendo que las amenazas para las comunidades migrantes son reales e inminentes», concluyó Padilla.
El gobierno de Biden hizo permanente esta semana una regla que extiende las autorizaciones de trabajo para los solicitantes de asilo, pero no ha hecho compromisos sobre otros puntos prioritarios para los defensores de los migrantes y los demócratas.
Aunque Trump podría intentar deshacer algunas de las acciones, establecerían un impedimento legal y darían a los migrantes una posición legal más fuerte para impugnar las órdenes de Trump.
En 2017, el gobierno de Trump anunció el fin del TPS para los nicaragüenses, diciendo que ya no era necesario. Pero los beneficiarios de TPS impugnaron la legalidad de esa decisión en una demanda en la corte. Desde entonces, la duración del TPS para Nicaragua depende de una orden de un juez federal.
Redeclarar estatus protegido para algunas naciones implicaría que pudieran extender su estadía legal. El procedimiento de renovación sólo involucra a aquellos que ya están en Estados Unidos y a los que se les permitiría quedarse más tiempo.
El TPS también podría beneficiar a aquellos nicaragüenses que llegaron bajo otro programa de Biden llamado permiso condicional humanitario y tienen un estatus legal temporal que expira después de dos años. Trump ha dicho que dará fin al programa de permisos condicionales humanitarios.
El Gobierno del presidente Joe Biden permitió el ingreso a EE. UU. de al menos 5,8 millones de extranjeros que buscaban asilo u otros amparos migratorios, según un informe difundido el 10 de diciembre por el Instituto de Política Migratoria (MPI).
De la cifra total (5.844.770) registrada durante los cuatro años de la actual Administración federal, los solicitantes de asilo que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y fueron dejados en libertad condicional para presentar sus casos, incluidos los que realizaron el trámite por medio de la aplicación CBP One, representan el grupo más grande (4.695.300).
A ellos les siguen 531.600 inmigrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que llegaron al país gracias a un permiso, o “parole”, especial. También recibió a 327.900 extranjeros que ingresaron por la frontera con Canadá y 214.800 ucranianos que llegaron al país gracias a un amparo humanitario.
Otros 75.000 extranjeros llegaron a través de un programa que favorecía a personas que ayudaron al gobierno estadounidense en Afganistán.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó más de 2,5 millones de expulsiones bajo el Gobierno de Biden, mientras estuvo vigente la política del Título 42, que permite expulsar a los extranjeros por una emergencia sanitaria, la cifra no incluye las expulsiones y deportaciones realizadas después que se impusieron las restricciones al asilo en junio pasado.
El informe subraya que las medidas de inmigración en las fronteras estadounidenses aplicadas por la Administración Biden fueron criticadas por ambos bandos.
“Para los defensores de los inmigrantes, la administración representó un nuevo mínimo para sus límites a la protección humanitaria; para los intransigentes en materia de inmigración, estaba dando luz verde a una frontera abierta”, dice el reporte.
“La administración intentó apaciguar a ambos bandos, pero finalmente no logró satisfacer a ninguno de los dos”, escriben Muzaffar Chishti, Kathleen Bush-Joseph, Colleen Putzel-Kavanaugh y Madeleine Greene, autores del análisis.
El MPI resalta que Biden ha adoptado más medidas ejecutivas relacionadas con la inmigración (605) que Donald Trump en su primer mandato (472), imponiendo un número récord en esa materia. Y es que la Administración demócrata que está por terminar tuvo que usar su poder ejecutivo para lidiar con el tema migratorio ante la inacción del Congreso, lo que le permitió extender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a varios países, y otorgó o extendió el permiso de trabajo a 3,4 millones de extranjeros.
En el año fiscal 2024 EE. UU. recibió la mayor cantidad de refugiados en un solo año desde mediados de la década de 1990, con más de 100.000 extranjeros que ingresaron al país bajo esa categoría.
Extiende los permisos de trabajo para ciertas categorías de inmigrantes
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció ese mismo día la extensión automática del permiso de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, una medida aplaudida por los activistas y los empresarios que protege a estos trabajadores ante la toma de posesión de Trump.
En un comunicado, el DHS dijo que la extensión de la validez hasta 540 días hace parte de los esfuerzos del Gobierno de Biden para reducir las interrupciones en la contratación de inmigrantes autorizados, que en muchos casos debían abandonar sus puestos en espera a la renovación del permiso y extiende el tiempo en que están protegidos contra una deportación.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha recibido una cifra récord de solicitudes de permisos de trabajo este año.
“(La extensión automática) ayudará a eliminar la burocracia que agobia a los empleadores, a asegurar que cientos de miles de personas elegibles para empleo puedan continuar contribuyendo a nuestras comunidades”, dijo en el comunicado el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.
La extensión automática entrará en vigor el 13 de enero de 2025.
La abogada Lauren Eagan responde a algunas dudas generales
¿Puede Trump deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados?
Su plan incluye declarar una emergencia nacional, utilizar al ejército para apoyo logístico y expandir los centros de detención. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta serios obstáculos:
Retraso en los tribunales de inmigración: Con más de 3,7 millones de casos pendientes, el sistema ya está sobrecargado. Agregar millones más podría extender los tiempos de procesamiento hasta 16 años.
Costos: Expertos estiman que las deportaciones masivas costarían entre $150 mil millones y $350 mil millones.
Desafíos legales: Trump ha insinuado que podría invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, un estatuto raramente usado para poderes en tiempos de guerra. Su aplicabilidad a la inmigración no ha sido probada y probablemente enfrentaría impugnaciones constitucionales.
Problemas diplomáticos: Algunos países históricamente se han negado a aceptar deportados, lo que complica los esfuerzos de repatriación.
Los grupos afectados podrían incluir a personas indocumentadas con antecedentes penales, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y recipientes de DACA.
¿Qué dice la ley?
Poderes legales: El presidente puede dirigir a las agencias federales a aplicar las leyes de inmigración con mayor agresividad. Sin embargo, escalar la aplicación a este nivel enfrentaría obstáculos logísticos y legales.
Límites: Las deportaciones requieren el debido proceso, según la Constitución de EEUU, lo que significa que cada caso debe ser adjudicado en tribunales de inmigración. Esto hace que una deportación masiva inmediata sea prácticamente imposible.
¿Puede eliminarse la ciudadanía por nacimiento?
Trump ha propuesto emitir una orden ejecutiva para reinterpretar la Cláusula de Ciudadanía, que otorga ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
Si se implementara, esta medida:
Negaría documentos esenciales, como tarjetas de Seguro Social y pasaportes, a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Afectaría a casi cuatro millones de niños que viven con al menos un padre indocumentado, dejándolos en un limbo legal.
¿Qué dice la ley?
Poderes legales: El presidente puede emitir órdenes ejecutivas para limitar ciertos beneficios. Sin embargo, estas acciones no alterarían la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento.
Límites: La Enmienda 14 explícitamente garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en EE. UU. Eliminarla requeriría una enmienda constitucional, lo que es casi imposible con un Congreso dividido y un proceso de ratificación complejo.
Retirar la ciudadanía a personas naturalizadas
Trump ha propuesto desnaturalizar a ciudadanos naturalizados por errores u omisiones en sus solicitudes como:
Errores administrativos: Revisar solicitudes pasadas en busca de errores técnicos.
Fraude: Revocar la ciudadanía por falsificación en el proceso de naturalización.
Historiales penales: Quitar la ciudadanía a quienes sean encontrados culpables de delitos no revelados antes de su naturalización.
¿Qué dice la ley?
Poderes legales: El gobierno puede desnacionalizar con pruebas sustanciales a ciudadanos si obtuvieron la ciudadanía mediante fraude o tergiversación.
Límites: La desnacionalización no puede aplicarse retroactivamente ni basarse en errores menores. La Constitución prohíbe la aplicación arbitraria o discriminatoria de estas leyes.
¿Qué pasará con DACA?
Trump ha reiterado su intención de terminar con DACA, que protege a aproximadamente 700,000 jóvenes traídos a EE. UU. cuando eran niños, aunque en declaraciones reciente dijo que estaría dispuesto a trabajar con los demócratas para resolver su estatus temporal.
¿Qué dice la ley?
Poderes legales: DACA es una acción ejecutiva, lo que permite que un presidente rescinda el programa mediante otra orden ejecutiva.
Límites: Incluso si DACA se termina, los individuos conservarían ciertas protecciones constitucionales, como el derecho al debido proceso.
