Dos organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron esta semana en un informe, las duras condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han regresado de otros países y el peligro de contagio de COVID-19 en que se encuentran.
“Human Rights Watch”, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos, y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica.
El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos, y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros de cuarentena por semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Los repatriados dicen que estas medidas se deben a demoras en los test de diagnóstico y a un protocolo de pruebas innecesariamente complejo, que incrementa el peligro de transmisión de COVID-19 en las instalaciones.
Los repatriados, que son parte de los 5 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos, se han visto obligados a regresar debido a las condiciones de confinamiento en los países vecinos a causa de la pandemia, lo que complicó su capacidad de ganarse la vida.
Alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país, en muchos casos atravesando difíciles circunstancias, según autoridades regionales y actores humanitarios, dice el informe.
El 11 de junio, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, expresó que su gobierno iba “a seguir recibiendo a todos los venezolanos que vienen con amor”. Sin embargo, el gobierno ha estigmatizado en reiteradas oportunidades a los retornados, a quienes acusa de llevar el virus a Venezuela.
