Nueva York, (EFE News). – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda este miércoles contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y varias de sus agencias en un intento por obtener el registro de la base de datos que la Administración del presidente Donald Trump ha usado para localizar inmigrantes a través de sus teléfonos celulares.
La ACLU ha recurrido a una corte federal para que el DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) entreguen los documentos que pidió hace más de nueve meses a través de la Ley de Libertad de Información.
De acuerdo con el grupo de derechos civiles, las agencias del Gobierno compraron acceso a la base de datos «que contenía información precisa de la localización de millones de personas» a través de aplicaciones de celulares inteligentes.
En febrero pasado, The Wall Street Journal publicó que el Gobierno estaba utilizando servicios que siguen la localización de millones de teléfonos celulares para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados. De acuerdo al diario, que citó fuentes y documentos gubernamentales, los datos procedían de aplicaciones habituales en muchos teléfonos, incluidos juegos o servicios meteorológicos.
Esa información es recopilada por varias empresas, que luego la venden a otras compañías, por ejemplo para ofrecer a los usuarios publicidad de negocios que están cerca del lugar en que se encuentran.
Por esa vía comercial es por la que el DHS y varias de sus agencias acceden a los datos, que el Gobierno comenzó a comprar en 2017.
Los datos son también usados por la CBP para rastrear actividad inusual en zonas desérticas de la frontera con México y combatir cruces ilegales o actividades de narcotráfico.
En septiembre pasado, la CBP pagó más de un millón de dólares por licencias de software para tener acceso a este tipo de datos.
De acuerdo con la ACLU, dichas prácticas de las agencias de inmigración plantean serias preocupaciones de que estén evadiendo las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución para información de la localización de teléfonos celulares, pagando por acceso en lugar de obtener una orden judicial. La Cuarta Enmienda protege el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.
«Hay muchas más razones para alarmarse cuando estas agencias están evadiendo los pedidos de información -incluyendo de senadores federales- acerca de esas prácticas», señala la ACLU en un comunicado.
«Es por eso que hoy estamos pidiendo a una corte federal que intervenga y ordene al DHS, la CBP y el ICE que den a conocer esa información acerca de la compra y el uso preciso de la información de localización de los celulares», indicó el grupo, que ha impugnado en los tribunales otras acciones de la Administración Trump.
Indicó además que está pidiendo que las agencias entreguen todos los registros, incluyendo contratos, política y procedimientos para uso de la información, comunicación con las compañías y análisis legal.
Entre las preguntas a las que buscan respuesta, los abogados quieren saber cómo el Gobierno puede justificar obtener esa información delicada sin una orden judicial.
En 2018 una decisión del Tribunal Supremo determinó que recolectar una cantidad significativa de información de celulares requiere de una orden.
