La separación de familias en la frontera, las redadas masivas del servicio de Inmigración y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés) y las trabas añadidas a quienes solicitan asilo en el país son quizá las políticas más sonadas de esta Administración, pero estos cuatro años se han emprendido un total de “400 acciones ejecutivas que prácticamente han puesto fin a los beneficios humanitarios y restringido la inmigración”, según explica Sarah Pierce, del Programa de Políticas de Inmigración de Migration Policy Institute.
Pierce es coautora de un informe que repasa las decisiones del Gobierno de Trump y que señala que es probable que sus consecuencias “tenga efecto sobre el sistema migratorio estadounidense durante mucho tiempo “.
Jurisdicciones santuario. A los cinco días de llegar al Gobierno, el presidente Trump emitió un decreto para suspender los fondos federales a las autoridades locales que limiten la colaboración de sus agentes con Inmigración y ordenó sacar del país a inmigrantes con órdenes de deportación, a los condenados por delito penal y a los acusados de un crimen (aunque no estuvieran condenados).
Muro fronterizo. Trump ordenó “la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sudeste” también el 25 de enero. Su orden aseguraba buscar “prevenir la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y personas y actos de terrorismo”. La mayoría de las personas indocumentadas ha llegado a Estados Unidos en vuelos comerciales y se han quedado en el país una vez que sus visas caducaron.
Veto musulmán. Cuando llevaba una sola semana como presidente, Trump impuso un veto migratorio a miles de personas de siete países con mayoría musulmana: Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. El veto afectaba incluso a personas con residencia permanente. Estos decretos permitieron a ICE a arrestar a 41,000 personas en 100 días, según informó la propia agencia.
DAPA. La Administración Trump tumbó en junio de 2017 el programa de Acción Diferida para padres de estadounidenses y residentes legales, que protegía de la deportación a los progenitores indocumentados de personas con un estatus migratorio regularizado.
DACA. El 5 de diciembre del mismo año, anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que protegía a quienes llegaron a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños. Tras un largo periplo legal, la Corte Suprema dictaminó en junio de 2020 a favor de los llamados “dreamers”. Pero la Administración Trump continúa empeñada en dejar a más de 640,000 jóvenes expuesto a la deportación.
Restricciones de viaje. El Gobierno de Trump amplió la lista de países con restricciones de viaje e incluyó a Chad, Venezuela y Corea del Norte.
Refugiados. La cantidad de refugiados que recibe el país ha disminuido drásticamente de la media de 95,000 que llegaban antes de Trump a los 15,000 que la Administración se ha propuesto aceptar en el presente año fiscal, que acaba en septiembre de 2021.
TPS. Unos 5,300 nicaragüenses residentes en Estados Unidos estaban por quedarse sin permiso para vivir y trabajar en el país tras la orden del Gobierno de Trump de poner fin a su estatus de protección temporal. Más tardé trató de hacer los mismo con más de 200,000 salvadoreños y 55,000 hondureños con TPS. Una batalla jurídica ha permitido ampliar los plazos.
Lotería de visas. El presidente puso sobre la mesa desde su primer año de gobierno eliminar el programa que busca diversificar la población del país otorgando al azar la residencia permanente a nacionales extranjeros.
Reunificación familiar. Trump quiso impedir también que residentes permanentes y ciudadanos consiguieran autorización para traer a sus familias, algo que permitió a los padres de la primera dama, Melania Trump, nacionalizarse en Estados Unidos.
Separación de familias. Inmigración separó a más de 5,000 niños de sus padres a la llegada a la frontera incluso antes de la entrada en vigor de la llamada política de “tolerancia cero”. La Administración no tenía un plan para reunir a esas familias y meses después de suspender el programa, no han logrado localizar a los progenitores de 545 menores.
Quédate en México. En diciembre de 2018, el Gobierno estadounidense anunció que quienes soliciten asilo en la frontera sur deberán esperar en México hasta que se decida sobre sus casos, un proceso que puede prolongarse durante años. Bajo este programa, se ha enviado a México a unos 68,000 inmigrantes, según la Universidad Syracuse.
Construcción del muro fronterizo. Trump se ha empeñado en destinar más fondos a las obras de la frontera sur, pero el Congreso le ha ido denegando sus peticiones presupuestarias. En febrero de 2019, declaró un estado de emergencia para destinar a su principal promesa de campaña hasta 8,000 millones de dólares de otras partidas.
Deportaciones exprés. En junio de 2019, el Gobierno anunció que deportaría de manera expedita a los inmigrantes indocumentados que no llevaran más de dos años en el país. Esta expulsión automática se empleaba hasta entonces contra quienes estaban a menos de 100 millas de la frontera y llevaban menos de dos semanas ahí.
Tercer país seguro. El Gobierno ha firmado acuerdos con países centroamericanos para que los inmigrantes que quieran ir a Estados Unidos pidan asilo allí antes de continuar su travesía hacia el norte.
“Carga pública”. Los migrantes que hayan tenido algún tipo de asistencia pública tendrían menos posibilidades de obtener la residencia permanente.
Pandemia. Recientemente, la Administración ha utilizado el coronavirus como excusa para deportar rápido a solicitantes de asilo y para limitar los cupos de visas para estudiantes y trabajadores con alta cualificación.
