Bogotá, Colombia. — Un grupo de congresistas presentó el miércoles un nuevo proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia y que es respaldado por el nuevo gobierno de Gustavo Petro, quien ha dicho que no permitirá el desarrollo de esta técnica utilizada para sacar gas y petróleo a la cual se oponen ambientalistas y algunas comunidades.
Proyectos similares han fracasado tres veces antes por la negativa del Congreso. Sin embargo, esta vez los promotores del proyecto anti fracking se mantienen optimistas al tratarse de un Congreso recién juramentado el 20 de julio y en gran parte renovado con una inédita bancada de izquierda.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo a la prensa que el gobierno de Petro va a firmar el proyecto de ley en apoyo para cumplir con una promesa de campaña política que busca acelerar la transición energética. “Fue una posición política clara… en Colombia no entra la técnica del fracking y las técnicas de los yacimientos no convencionales (de hidrocarburos)”, agregó.
La iniciativa busca ordenar al gobierno la formulación de una “política pública de transición energética justa”, en un término de dos años, que incluya un plan de diversificación energética y la promoción de la energía renovable para que de manera progresiva se logre la sustitución de la explotación de combustibles fósiles, sin detallar el plazo máximo en el que se daría.
El sector de hidrocarburos aporta alrededor del 18% de los ingresos fiscales de la nación y está en el primer renglón de exportación.
El senador Inti Asprilla, uno de los promotores de la iniciativa, dijo a la prensa que el proyecto recibirá el impulso de la coalición del nuevo gobierno de Petro, el primero de izquierda en el país, que hasta ahora goza de las mayorías en el Congreso.
El proyecto iniciará su tránsito legislativo en la Comisión Quinta del Senado, donde la coalición de gobierno tiene 12 integrantes, de los 15 existentes, agregó Asprilla. Sin embargo, también deberá ser debatido por la plenaria del Senado y por la Cámara de Representantes, en donde los anteriores proyectos anti fracking han encontrado resistencia.
Se trata de impedir que se realicen los primeros pilotos de fracking en el país andino. Uno de ellos lleva un trámite más avanzado y de ser aprobado sería ejecutado por Ecopetrol —compañía pública de petróleo– con una inversión estimada en 600 millones de dólares.
Ecopetrol tiene dos contratos vigentes de los que derivan obligaciones legales y una licencia ambiental en firme para desarrollar pilotos de fracking. El proyecto de ley plantea darle un plazo máximo de un año al gobierno para establecer las condiciones en las que se concluirían dichos contratos.
El nuevo proyecto va más allá de la prohibición del fracking. También busca prohibir la exploración y producción de hidrocarburos provenientes de yacimientos no convencionales de cualquier tipo, que incluye las arenas bituminosas, gas metano asociado a mantos de carbón e hidratos de metano.
