El controvertido programa 287(g) que facilita la cooperación de policías locales con inmigración supone la mejor oportunidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para poder cumplir con una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump: las deportaciones masivas.

La  Casa Blanca ha mostrado una creciente frustración con ICE por el lento ritmo de deportaciones. El descontento es tal que a finales de febrero esto le costó el puesto a su director interino, Caleb Vitello, e importantes cargos, todos ellos fichas del Gobierno Trump.

Las expulsiones de inmigrantes no han podido llegar a los niveles de la Administración de Joe BIden (2021-2025), a pesar de que las cárceles de ICE tienen a más de 46.000 extranjeros en custodia.

La agencia migratoria ha tenido que lidiar con la falta de agentes y de presupuesto para elevar su capacidad de arresto y, por eso, ha buscado refrendar el 287(g), que permite la colaboración de la policía con ICE.

El llamamiento a la multiplicación de las fuerzas locales con objetivos migratorios ha tenido eco con gobiernos republicanos. Por ejemplo, el  gobernador  de Georgia, Brian P. Kemp, solicitó la semana pasada que ICE capacitara a 1.100 oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Georgia (DPS) para ayudar a identificar y detener a indocumentados que representan un riesgo para la seguridad pública en el estado, según dijo.

«Si se encuentra en nuestro país ilegalmente y comete delitos, no tiene cabida en Georgia», advirtió Kemp.

El Departamento Correccional de Georgia (GDC) también reforzará su partición en este programa. Actualmente tiene asignado específicamente a esta labor a un sargento y tres oficiales.

Bajo este acuerdo se han logrado identificar a 1.730 personas con órdenes de detención de ICE que se encuentran en las cárceles de ese estado.

En esa misma línea, la Asociación de Alguaciles de Florida (FSA) anunció recientemente que las oficina de alguaciles de los 67 condados de Florida han firmado un acuerdo para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa 287(g).

Al menos 360 agencias policiales en todo el país colaboran bajo el programa 287(g), según los últimos datos del ICE, y otros se están moviendo en esta dirección, como el alguacil del condado de Carroll, Jim DeWees, que ha estado abogando por la implementación del programa en esta zona de Maryland dominada por los demócratas.

Una medida controvertida y costosa

Incluida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1996, la disposición 287(g) permite capacitar a los agentes locales  -policía, alguaciles y guardias carcelarios- para interrogar a inmigrantes bajo su custodia, determinar si están en el país de forma indocumentada y entregarlos a las autoridades de Inmigración.

Sin embargo, su implementación ha generado amplios debates sobre la posible discriminación racial y el daño a la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía.

 «La realidad es que la cooperación con el ICE no solo hace que nuestras comunidades sean menos acogedoras para los inmigrantes, sino que también nos hace a todos menos seguros», opinó Tim Muth de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Wisconsin,  tras la decisión de dos departamentos del alguacil de ese estado de adoptar la 287(g).

El número de acuerdos disminuyó significativamente hacia el final de la Administración del presidente Barack Obama (2009-2017), que afrontó críticas por su implementación.  

En el primer mandato de Trump (2017-2021) recuperó en un 300 % los acuerdos. Sin embargo, su política alentó a que estados como California, Oregon, Washington e Illinois impulsaran leyes estatales, muchas de ellas llamadas santuario, que impiden la colaboración de la policía con las autoridades migratorias.

Pero ICE se enfrenta a un problema de falta de fondos para sacar adelante más acuerdos. Las mismas localidades han advertido de que la implementación eleva sus apretados presupuestos.

 «Esto podría ser otro problema presupuestario», dijo al Comité de Asuntos Estatales del Senado de Texas el alguacil del condado de Chambers, Brian Hawthorne, quien también preside la Asociación de Alguaciles de Texas, sobre una propuesta de ley que haría obligatorio adoptar el acuerdo, según información citada por The Texas Tribune.

Para organizaciones como ACLU y Texas Civil Rights Project, esta medida es un desperdicio de dinero y una pendiente hacia la discriminación.