Según la publicación The Hill, el nuevo inquilino de la Casa Blanca tiene sobre la mesa 53 asuntos ejecutivos que irá revelando hasta finales de enero, poniendo el foco cada día en un tema específico.
Entre las acciones que se esperan para el 29 de enero, día que destinará a la inmigración, se anticipa que Biden ordene revisar la norma de «carga pública».
Esa normativa aprobada por Trump afecta a los inmigrantes que soliciten un visado a EE. UU. o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente en caso de que se determine que puede ser una «carga pública» para el país.
En materia de migración Trump firmó al menos 400 órdenes ejecutivas para disminuir la migración incluida la legal, y erosionó profundamente el derecho de los indocumentados a solicitar asilo, enviándolos a México a esperar durante meses una cita en un tribunal de EE.UU., mientras intentaba constreñir la inmigración legal y perfilaba a quienes no tienen papeles como criminales, sin matices.
Los primeros decretos firmados
Biden, firmó el primer día de su mandaro decretos para proteger el programa DACA contra la deportación de los «soñadores», para detener la construcción del muro con México y para anular el veto migratorio que impide la entrada en EE.UU. a los ciudadanos de 11 países.
En su primer acto en el Despacho Oval, Biden firmó 17 decretos y proclamaciones destinadas a deshacer muchas de las medidas que tomó su predecesor, Donald Trump, varias relacionadas con la inmigración.
Una de ellas pide a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional tomar «todas las medidas necesarias» para salvaguardar el programa DACA, instaurado en 2012 y que protege de la deportación a casi 650.000 indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como «soñadores».
Biden también ha pedido que el Congreso actúe para proteger a los «soñadores», y su nueva propuesta de reforma migratoria pide otorgarles directamente la residencia permanente a ellos y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
En un segundo decreto, Biden ordenó acabar con la emergencia nacional decretada por Trump para desviar fondos hacia la construcción del muro en la frontera con México. Eso permitirá al nuevo presidente cumplir su promesa de frenar el proyecto estrella de Trump en la frontera, aunque Biden no planea derribar la parte de barrera ya construida por su predecesor, que se extiende a lo largo de 727 kilómetros (452 millas) de la zona limítrofe.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) dijo este mes que tiene fondos para completar otras 300 millas (480 kilómetros) de muro y que planeaba adjudicar contratos para hacerlo antes de que Biden llegara al poder. Eso promete complicar los esfuerzos del nuevo presidente para frenar el proyecto, y es posible que solo pueda hacerlo una vez que se agoten los fondos ya comprometidos para ello.
Un tercer decreto anuló el veto migratorio que impuso Trump hace cuatro años a los viajeros procedentes de 11 países de mayoría musulmana, conocido popularmente como el «veto a los musulmanes».
Ese veto obstaculizaba hasta ahora la entrada a EE.UU. de los nacionales de 11 países con una significativa población musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen), e incluye restricciones para algunos funcionarios de Venezuela y Corea del Norte.
Además, Biden ordenó volver a contar a los inmigrantes indocumentados en el censo de población que se lleva a cabo cada 10 años, y revisar los mecanismos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la hora de arrestar a indocumentados, que se recrudecieron durante el mandato de Trump.
