Los Ángeles, EE.UU.- Defensores de los inmigrantes aplaudieron la decisión de la Administración del presidente Joe Biden de echar abajo la regla de su antecesor, Donald Trump, que expandía la recopilación de datos biométricos, incluidas muestras de ADN y reconocimiento facial, entre los extranjeros que quieren emigrar legalmente al país.
La propuesta presentada en septiembre de 2020 por la administración de Trump permitía al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ampliar la cantidad de datos personales que se toman a los inmigrantes que realizan procesos como solicitudes de residencia permanente, peticiones familiares y de autorización de empleo, entre otros.
Además de los datos que actualmente se toman, como huellas dactilares, la propuesta permitía al Departamento de Seguridad Interna ir más allá y realizar escaneos del iris, registrar huellas de la palma de la mano e impresiones de voz, y también ampliar la toma de muestras de ADN, tanto a los peticionarios de residencia como a los ciudadanos.
«Esta regla fue parte del incansable esfuerzo de la administración Trump para dificultar la obtención y el mantenimiento del estatus migratorio en Estados Unidos», dijo a Efe este lunes Jorge Loweree, director de políticas del American Immigration Council.
El DHS anunció el viernes que abandonaba este plan en concordancia con la orden ejecutiva de febrero firmada por el presidente Biden para reparar el sistema de inmigración, así como con los esfuerzos de la actual administración para reducir las barreras establecidas por su antecesor.
Loweree señaló que el plan «habría redefinido radicalmente los tipos de información confidencial y personal que el DHS podría exigir al adjudicar peticiones y solicitudes, al tiempo que expandiría el grupo de personas sujetas a recopilación».
Añadió que la recopilación de esta información plantea «serios problemas de privacidad», y además no es necesaria para garantizar que tengamos un sistema de inmigración justo y eficiente.
Aunque la oposición a la toma de datos biométricos fue generalizada, Loweree dijo que había especial preocupación por las muestras de ADN, a la que consideró la prueba más invasiva.
«El problema con el ADN es que da una tremenda carga de información, no solo sobre nosotros sino sobre las personas que son familiares. No está limitando la información a una persona, sino que el Gobierno tendrá información sobre mis padres, mis hijos nacidos, e inclusive aquellos que no han nacido», recalcó.
En ese sentido, Vera Eidelman, abogada del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo a CNN que es necesario que la Casa Blanca también derogue una regla de la era Trump que requiere «la recolección forzada de ADN de las personas detenidas en los centros de inmigración».
