El gobierno del presidente Gabriel Boric inició el martes el empadronamiento de más de 190.000 inmigrantes irregulares en el marco de una nueva política migratoria que también agiliza la expulsión de quienes no participen en el proceso.
Chile vivió los últimos años una inmigración descontrolada de millares de extranjeros que ingresaron al país mayoritariamente a través de sus porosos pasos con Perú y Bolivia, lo que fue frenado por el despliegue de centenares de militares en la frontera a fines de febrero.
Entre los atractivos para que los inmigrantes se inscriban es que sin documentos locales no pueden trabajar. Además, si son controlados por la policía y no poseen cédula de identidad, pueden ser detenidos por varios días hasta que se establece su identidad.
La inscripción se realiza a través de una página de internet del Servicio de Migraciones donde se concerta una cita para empadronarse.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el empadronamiento no es sinónimo de regularización de los extranjeros que ingresaron irregularmente sino que se trata de un proceso de registro que “mejora las condiciones de seguridad del país”.
Agregó que el gobierno aún no ha decidido un proceso de regularización, lo que se hará luego de concluido el registro el 6 de octubre próximo, y que se elaborará a partir de dos criterios «específicos y restringidos”: que el inmigrante tenga un vínculo laboral formal con Chile y, eventualmente, lazos familiares en el país.
Monsalve, que presenció el inicio del registro en una oficina de la policía civil, declaró que el empadronamiento “es una acción de seguridad con el objeto de poder tener la identidad de aquellas personas que están en el territorio nacional”.
Emanuel Palmar, un venezolano de 22 años que fue uno de los primeros en empadronarse, dijo a The Associated Press que “es un procedimiento que nos ayuda mucho” y, aunque no es una regularización, es “un control migratorio que hace falta” en alusión a que los inmigrantes necesitan documentos locales para trabajar.
Más de 193.000 personas que ingresaron al país antes del 30 de mayo se inscribieron para empadronarse. El proceso -.que se desarrollará en más de 70 sedes de la policía civil y en una decena de oficinas móviles- se aplicará a los mayores de 18 años y consistirá en registrar el nombre, las huellas dactilares, la fotografía y los antecedentes.
Monsalve advirtió que quienes no quieran empadronarse, y de quienes se desconozcan sus antecedentes, colocan “en amenaza la seguridad del país y respecto de esa persona vamos a priorizar el control migratorio y la expulsión”.
Según varias encuestas la inmigración irregular es una de las principales preocupaciones de los chilenos.
El subsecretario agregó que continuará el control militar en la frontera norte con Perú y Bolivia por donde ingresan casi todos los inmigrantes que, según las autoridades, en su mayoría son venezolanos. Según cifras oficiales, Chile tiene una población extranjera residente cercana a 1,4 millones de personas.
Monsalve anunció que ya se envió al Congreso para su tramitación un proyecto de ley que incluye nuevas causales de prohibición de ingreso al país, entre ellas tener condenas por violencia intrafamiliar en el país de origen, y otras de expulsión, entre las que están cometer más de tres faltas en un período de dos años o la comisión de delitos en los últimos cinco años.
