Tucson (AZ). – El representante federal Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, presentó hoy jueves una propuesta para terminar con los contratos y poner fin al encarcelamiento de reos federales e inmigrantes en cárceles y centros de detención operados por compañías privadas.
El congresista presentó la propuesta denominada «La Justicia No se Vende», una iniciativa que prohibiría a los gobiernos federal, estatales y locales contratar compañías de cárceles privadas para encerrar reos federales y pondría fin a la detención de familias inmigrantes en centros operados por esas empresas.
Adicionalmente, la propuesta evitaría que las empresas cobren de más a los reclusos y sus familias por servicios como comida y llamadas telefónicas, y aumentaría la supervisión de los centros de detención de inmigrantes para garantizar un trato humano mientras la vigencia de los actuales contratos termina en los próximos dos años.
«Tenemos el deber de poner fin a este sistema inhumano, e instituir alternativas a la detención que estén arraigadas en nuestros valores”, dijo Grijalva en declaraciones enviadas a Efe.
El legislador considera que por mucho tiempo las cárceles privadas y los centros de detención se han beneficiado de los lucrativos contratos gubernamentales y del dinero de los contribuyentes, a costa del “dolor y el sufrimiento de adultos y niños”.
Está convencido que esto ha creado un “incentivo” de ganancias que ha fomentado una crisis de encarcelamientos masivos que ha impactado de manera desproporcionada a los inmigrantes y comunidades de color.
Un informe de 2016 del Inspector General del Departamento de Justicia concluyó que las cárceles privadas tenían una tasa 28 % de asaltos entre presos y más del doble de asaltos de presos a custodios en comparación con las cárceles administradas u operadas por el Gobierno federal.
La propuesta de Grijalva va un paso más delante de la orden ejecutiva firmada a finales de enero por el Presidente Joe Biden que elimina gradualmente los contratos con empresas privadas e instruye al Departamento de Justicia a rechazar la renovación de los contratos existentes.
La orden de Biden no aborda los centros de detención migratoria operados por compañías privadas, mientras que el proyecto de Grijalva sí lo hace. La medida presidencial tampoco se aplica a los gobiernos locales y estatales.
El 81% de los inmigrantes detenidos bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están recluidos en centros de detención operados por compañías privadas.
Grijalva argumenta que en vez de encarcelar a familias por solicitar asilo, su proyecto de ley restablecería los programas de gestión de casos familiares que guiarían a las familias de manera segura y eficiente a través del proceso e asilo.
