La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, pero afirmó que éstos deben tener una audiencia judicial antes de ser sacados del país.

En una decisión de 5-4, la corte dijo que el gobierno debe dar a los venezolanos a los que acusa de ser miembros de pandillas un “tiempo razonable” para recurrir a los tribunales.

Sin embargo, la mayoría conservadora indicó que las impugnaciones judiciales deben llevarse a cabo en Texas, y no en un tribunal de Washington.

En su disenso, los tres jueces liberales dijeron que el gobierno ha buscado evitar la revisión judicial en este caso y que la corte “ahora recompensa al gobierno por su comportamiento”. La jueza Amy Coney Barrett se sumó a partes del disenso.

Los jueces resolvieron la apelación de emergencia que presentó el gobierno después de que la corte de apelaciones federal en Washington ratificó una orden que prohibía temporalmente las deportaciones de los migrantes acusados de ser miembros de pandillas al amparo de la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus iniciales en inglés).

“En cuanto a toda la retórica de las disidencias”, escribió la corte en una opinión no firmada, la orden del máximo tribunal confirma “que los detenidos sujetos a órdenes de deportación al amparo de la AEA tienen el derecho a ser notificados y a recibir la oportunidad de impugnar su deportación”.

El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales.

La secretaria de Justicia Pam Bondi calificó el fallo de la corte como “una victoria histórica para el estado de derecho”.

“Un juez activista en Washington, D.C., no tiene la jurisdicción para tomar el control de la autoridad del presidente Trump para llevar a cabo labores de política exterior y mantener a salvo al pueblo estadounidense”, escribió Bondi en redes sociales.

La orden original que bloqueaba las deportaciones a El Salvador fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, el juez principal en el tribunal federal de Washington.

El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas en virtud a una proclama presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.

Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) presentaron la demanda a nombre de cinco venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, horas después de que se anunciara la proclamación y mientras las autoridades de inmigración escoltaban a cientos de migrantes hacia los aviones.

Boasberg ordenó una suspensión temporal de las deportaciones y que los aviones que trasladaban a los inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió. El juez celebró una audiencia la semana pasada sobre si el gobierno desafió su orden de enviar a los aviones de regreso a suelo estadounidense. El gobierno ha invocado un “privilegio de secretos de Estado” y se ha negado a proporcionarle a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.

Trump y sus aliados han pedido que Boasberg sea destituido. En una inusual declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.