Tucson (AZ), EE.UU.- Al cumplirse este sábado 20 años de los peores ataques terroristas en la historia de este país, sus repercusiones en materia de seguridad nacional continúan impactando la frontera entre Estados Unidos y México al haber puesto bajo el mismo lente la lucha contra el terrorismo y la inmigración indocumentada.
Pese a que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 ocurrieron a miles de kilómetros de la frontera con México, cambiaron para siempre la vida en esta región, aumentando drásticamente la militarización y la criminalización de los indocumentados.
“Las políticas que se desarrollaron tras los ataques terroristas desde el Congreso y la Casa Blanca comenzaron a ver a todo migrante indocumentado como un posible terrorista”, dijo a Efe Pedro Ríos, representante del Comité de Amigos Americanos en la Frontera Estados Unidos-México, con base en San Diego, California.
Uno de los principales cambios fue el establecimiento en 2003 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a cargo de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza (CBP).
Aunque uno de los principales papeles del DHS es la lucha contra el terrorismo, la dependencia también absorbió la lucha en contra de la inmigración indocumentada.
Todo esto por el miedo que surgió tras los ataques de que la inmigración y una frontera “abierta” pudieran ser la vía de entrada de terroristas, iniciando así lo que activistas han llamado una “guerra contra migrantes”.
De acuerdo con el reporte “Estado de Inseguridad: El Costo de la Militarización Desde el 9/11”, publicado este mes por el Instituto para los Estudios de Políticas (Institute for Policy Studies), desde 2002 y hasta 2021 se le han otorgado 929.000 millones de dólares al DHS.
De estos fondos, 267.000 millones han sido destinados a la CBP y la Patrulla Fronteriza, y 125.000 millones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El análisis indica que en los últimos 20 años cerca de la mitad del presupuesto del DHS ha sido invertido en la militarización de la frontera con México y la detención y deportación de migrantes indocumentados.
En las últimas dos décadas el presupuesto de ICE y CBP se ha duplicado de 12.000 millones en 2002 a 25.000 millones en el presente año fiscal 2021. El número de agentes de la Patrulla Fronteriza se incrementó de 10.000 en 2002 a más de 19.000 en 2020.
Todo ello ha complementado los esfuerzos por militarizar la frontera y derivado en múltiples denuncias de abusos de poder cometidos por agentes fronterizos.
“UN CAMBIO RADICAL”
“Este fue un cambio fundamental y radical. Después de los ataques del 9/11 se agiliza lo que ya comenzábamos a vislumbrar: justificar la construcción de más muros, implementar más políticas que criminalizan a los migrantes”, enfatizó Ríos.
Irónicamente, las personas que cometieron los ataques terroristas entraron legalmente a Estados Unidos con visas. Sin embargo, se desató una persecución interminable contra los migrantes indocumentados, tanto en la frontera como en el interior del país.
Para activistas como Vicky Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, los ataques de 2001 exacerbaron la xenofobia y el racismo contra todos aquellos que “son diferentes”.
Este sentimiento ha propiciado en las últimas dos décadas la creación del sistema de detención de migrantes más grande de todo el mundo, integrado por más de 200 centros de detención del ICE en Estados Unidos. En esos centros los migrantes han denunciado abusos físicos y mentales, así como el tener que esperar años para resolver su estatus migratorio.
UNA LUCHA QUE CONTINÚA
Al tiempo que caían las Torres Gemelas colapsaron también los esfuerzos que en ese momento se realizaban a nivel federal para aprobar una reforma migratoria que regularizara el estatus migratorio de millones de indocumentados. Es una lucha que continúa y que aun hoy día no ser ha podido materializar.
Tras los ataques surgieron con más fuerza las milicias civiles armadas comenzaron a vigilar la frontera, así como los grupos supremacistas blancos.
Estos movimientos fueron un preludio a que políticos como el ahora expresidente Donald Trump fueran elegidos bajo la promesa de reforzar el muro fronterizo y establecer duras medidas migratorias que, en la práctica, separaron a miles de familias migrantes.
El muro fronterizo con México se ha convertido en un importante símbolo visible de la militarización de la frontera. Solamente bajo la Administración Trump (2017-2021) se gastaron poco más de 16 .000 millones de dólares en la construcción de más de 400 millas (640 kilómetros de la barrera.
Para activistas como Ríos y Gaubeca, en nombre de la seguridad nacional se está impulsando el uso de tecnología de punta como drones y cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera.
“Debemos aprender y darnos cuenta de que nuestra política de militarización de la frontera y de criminalizar a los migrantes no ha funcionado. Si todo ese dinero que hemos invertido en centros de detención y muro fronterizo fuera utilizado para otras cosas como infraestructura y educación, las cosas serían muy distintas”, finalizó Gaubeca.
