Washington, EE.UU.- El Gobierno anunció este martes que no habrá más redadas en lugares de trabajo en busca de inmigrantes indocumentados y se centrará más en los empleadores y en el respeto de las leyes laborales para evitar la «explotación» de los migrantes.
«No toleraremos que los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores no autorizados, conduzcan actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo insalubres o peligrosas», indicó en un comunicado el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
Un memorando de Mayorkas estableció el fin de las redadas masivas en los sitios de trabajo indicando que, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, «esas operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores».
Las redadas «se usaron como una herramienta de los empleadores explotadores para suprimir y como represalia contra la afirmación de nuestras leyes laborales por parte de los trabajadores», indicó el comunicado.
«Los empleados que incurran en acciones ilegales serán el foco de nuestros recursos para la aplicación de las leyes», dijo Mayorkas. «Al adoptar medidas que se enfocan en los empleadores más inescrupulosos, protegeremos a los trabajadores y al mismo tiempo a las empresas estadounidenses legítimas».
En su memorando, Mayorkas indicó que se debe analizar la posibilidad de que se proteja de la deportación a los inmigrantes indocumentados que «sean testigos o víctimas de prácticas laborales abusivas y explotadoras».
El responsable de DHS pide a que le presenten propuestas en los próximos 60 días para llevar a cabo estos cambios.
A comienzos de 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegó a tener un promedio diario de 40.000 personas detenidas y actualmente tiene poco más de 21.800 bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país.
Las detenciones, que durante el Gobierno de Trump incluyeron redadas en sitios de trabajo, bajaron de 6.000 en diciembre pasado a 3.600 en agosto, según los datos del ICE.
En julio pasado, el Caucus Hispano en el Congreso afirmó en un comunicado que «el vilipendio de las comunidades inmigrantes ha incrementado la vigilancia y los arrestos de la Oficina de Aduanas y Protección Ftonteriza (CBP) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a menudo en colaboración con las policías locales».
«Las redadas y arrestos colectivos dirigidos predominantemente a las comunidades inmigrantes, y que a menudo ocurren en escuelas o sitios de trabajo, erosionan la confianza entre las comunidades y la policía», añadió la declaración.
Este memorando se une al cambio de prioridades para los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados por parte de ICE que el Gobierno anunció el pasado 30 de septiembre, y que entrará en vigor el próximo 29 de noviembre.
Según las nuevas normas, la prioridad será la detención y deportación de criminales y de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal.
Entonces, Mayorkas dijo al diario «The Washington Post» que los agentes de ICE no deberán arrestar y deportar a trabajadores rurales, ancianos o aquellos que hayan denunciado a propietarios de viviendas o empleadores «inescrupulosos» o que hayan participado en manifestaciones de protesta.
