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El gobierno del presidente Donald Trump revocó una decisión que habría protegido contra la deportación a unos 600.000 venezolanos, informó el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
En “Fox and Friends”, Noem dijo que revirtió la decisión tomada por su sucesor, Alejandro Mayorkas, en los últimos días del gobierno del expresidente Joe Biden, que extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
“Antes de que se fuera de la ciudad, Mayorkas firmó una orden según la cual, durante 18 meses, extenderían esta protección a personas con estatus de protección temporal, lo que significaba que podrían quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses”, dijo Noem. “Nosotros detuvimos eso”.
La funcionaria agregó que los estadounidenses quieren a «estas basuras» fuera del país, en referencia a los migrantes irregulares acusados de crímenes que han sido arrestados en los últimos días.
La medida entraría en vigor de inmediato. En el aviso de seis páginas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se indica que la decisión del gobierno de Trump restaura el statu quo anterior a la decisión del gobierno de Biden de extender las protecciones para los venezolanos hasta octubre de 2026. Ahora, la expiración del TPS sería en abril de 2025, su fecha original.
Previamente, el gobierno de Biden extendió las protecciones a más de 230.000 salvadoreños, 103.000 ucranianos y 1.900 sudaneses que ya viven en Estados Unidos. Noem no dijo qué sucedería con ellos, y el aviso del DHS solo se refiere a los venezolanos.
La designación de TPS otorga a las personas la autoridad legal para permanecer en el país, pero no proporciona una vía a largo plazo hacia la ciudadanía. Las personas dependen de que el gobierno renueve su estatus cuando expira. Los críticos han dicho que, con el tiempo, la renovación del estatus de protección se vuelve automática, independientemente de lo que suceda en el país de origen de la persona.
El cambio de política fue reportado por primera vez el martes por The New York Times.
Los venezolanos que tenían la protección ahora podrían ser expulsados del país, aunque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que limita las opciones de deportación. Otros países que no reciben deportados son Cuba y Nicaragua, pero Noem dijo que el presidente Donald Trump “claramente ejercerá toda la autoridad y el poder que tiene para hacer que estos países los reciban de vuelta”.
La Administración de Donald Trump evalúa utilizar instalaciones para migrantes en la base militar de Guantánamo para retener a migrantes en situación irregular en Estados Unidos que las autoridades buscan deportar a sus países de origen, afirmó Kristi Noem.
El campo de detención de la base de Guantánamo fue abierto en 2002 por el entonces presidente George W. Bush (2001-2009) para retener a acusados de terrorismo en el marco de la «guerra global contra el terrorismo» tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Aunque los migrantes son retenidos en un área separada, se encuentran en un limbo legal dentro de una base militar que opera al margen de las leyes migratorias estadounidenses.
La situación ha sido históricamente opaca, con poca información pública sobre lo que ocurre allí.
Un reportaje publicado en septiembre de 2024 por The New York Times, basado en informes internos del Gobierno, reveló que los detenidos enfrentan condiciones precarias en Guantánamo, incluyendo denuncias de que son obligados a usar gafas de visión opaca durante los traslados dentro de la base, que sus llamadas con abogados son monitoreadas y que algunas instalaciones están llenas de ratas.
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El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren de desastres naturales o conflictos civiles, otorgando a las personas autorización para trabajar en periodos de hasta 18 meses a la vez.
Cerca de 1 millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, entre ellos, personas provenientes de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán, Ucrania y Líbano. Los venezolanos son algunos de los mayores beneficiarios, y la extensión autorizada por el gobierno de Biden les habría permitido quedarse desde abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
El TPS enfrenta un futuro incierto en el régimen de Trump, que intentó limitar drásticamente su uso en su primer mandato. Las regulaciones federales permitirían que las extensiones se terminen anticipadamente, aunque eso rara vez se ha hecho y activistas prometen movilizarse para buscar formas legales de que estos sigan siendo vigentes, al menos hasta el 2026.
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¿Qué sucede ahora?
La revocación de la extensión implica que el DHS retornará a la guía emitida en octubre de 2023, que dejaba el TPS vigente hasta el 10 de septiembre de 2025.
Es decir, quienes tienen sus protecciones en vigor, continuarán así hasta el día de expiración reflejado en su caso.
Una vez terminado ese periodo, según establece la ley estadounidense, los beneficiarios del TPS vuelven al «mismo estatus o categoría migratoria que tenían antes del TPS, si lo tenían» o a «cualquier otro estatus o categoría migratoria obtenidos legalmente que recibieron mientras estaban registrados para el TPS».
Si ninguno de estos casos aplica, quedarían indocumentados. Algunos podrían ser elegibles para asilo, sin embargo deben demostrar que han sido perseguidos debido a su afiliación política, religión, grupo étnico, condición de minoría o pertenencia a un grupo específico, por lo que algunos de los beneficiarios del TPS tienen menos de 60 días para buscar otras alternativas migratorias.
Entre las otras opciones se incluyen procesos de petición familiar, contratos laborales o solicitudes de asilo.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan-American Caucus le dijo a la Voz de América que este anuncio «no sorprende», pues era una promesa de campaña para Trump.
«La gente está muy asustada, muy aterrada… lo más importante que debe saber la comunidad es que las personas que tienen TPS en este momento, está vigente. Su permiso de trabajo está vigente», apuntó Ferro.
Gustavo Garagorry, presidente del Venezuelan-American Republican Club en Florida, opinó que esto es parte de la «estrategia política» del presidente Trump.
«Creo que tenemos una migración que ha llegado a hacernos daño, a hacerle daño al gentilicio venezolano y obviamente como delincuentes que son, y como entraron pr una frontera que básicamente estaba a puertas abiertas, donde ninguno de los programas que se crearon funcionaron de forma correcta, hay que hacer algo», dijo Garagorry.
Darren Soto, congresista demócrata de Florida, lo tildó de «indignante».
«Venezuela es actualmente una dictadura violenta. Miles de personas han huido a Florida para reunirse con sus familiares aquí a través del Programa TPS. Están ayudando a nuestra economía y a parte de nuestra comunidad. Esto será una sentencia de muerte para muchos», escribió Soto en sus redes sociales.
El DHS, bajo instrucción del entonces presidente Joe Biden, justificó la extensión del TPS para los venezolanos debido a «la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano» del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
En los últimos años, miles de venezolanos han llegado a EE.UU buscando mejores oportunidades económicas y huyendo de las crisis social y política que atraviesa el país.
Según datos de ACNUR, más de 7,7 millones de personas han salido del país, lo que la convierte en la mayor crisis de desplazamiento del continente.