BOSTON— Una jueza federal dijo el jueves que impedirá que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ponga fin a un programa que ha permitido a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.

El fallo supone un revés importante, aunque quizá temporal, para el gobierno, que desmantela las políticas implementadas bajo el mando del expresidente Joe Biden que crearon nuevas y más amplias vías para que las personas pudieran vivir en Estados Unidos, generalmente durante dos años con autorización de trabajo.

La jueza federal de distrito Indira Talwani anunció que planea emitir una suspensión a la orden para que más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos abandonen el país, evitándoles la salida hasta que el caso avance a la siguiente fase. Sus permisos debían cancelarse el 24 de abril.

Durante una audiencia sobre el caso, Talwani cuestionó repetidamente el argumento del gobierno para terminar el programa: que tiene el poder de hacerlo y que ya no estaba cumpliendo su propósito. La jueza señaló que los inmigrantes adheridos al programa que están aquí legalmente ahora enfrentan la opción de «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo».

«El meollo del problema aquí es que la secretaria, al acortar el período de permiso otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», señaló Talwani, agregando que la explicación para terminar el programa se basaba en una «lectura incorrecta de la ley».

«Hubo un acuerdo y ahora ese acuerdo ha sido socavado», añadió posteriormente en la audiencia.

El mes pasado, el gobierno estadounidense revocó las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, preparando el terreno para su posible deportación en 30 días.

Los beneficiarios de las protecciones llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos por dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, tenían que encontrar otras vías legales si querían permanecer en el país. El permiso de entrada humanitario ha sido un estatus temporal.

Trump ha estado eliminando las vías legales para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos y ha tomado medidas para cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente.

Afuera de la corte, activistas como Guerline Jozef, fundadora y directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, uno de los demandantes, dijeron que los ataques contra este programa contradicen la estrategia del gobierno de Trump sobre inmigración.

«Escuchamos la narrativa de personas que vienen aquí ilegalmente y la administración queriendo erradicar la inmigración ilegal», comentó Jozef. «Pero, claramente vemos hoy que ese no es el caso. Incluso aquellas personas que tienen estatus legal, están pagando sus impuestos y trabajando, están bajo ataque».

En todo el país, muchos inmigrantes en el programa de permisos CHNV han estado siguiendo de cerca este caso.

César Báez fue un activista de la oposición política en Venezuela que participó en protestas callejeras contra el gobierno. Temía por su vida y dejó su país para venir a Estados Unidos con el patrocinio de un médico estadounidense. Llegó bajo el programa de permiso humanitario CHNV en diciembre de 2022 y, durante el último año, ha estado trabajando como productor en un medio de comunicación en Washington.

Ha solicitado una visa de trabajo como otra forma de obtener estatus legal y también ha solicitado asilo, pero esos procesos también han sido pausados por el gobierno de Trump.

Para él, el anuncio de la jueza significa esperanza.

«Es muy importante para mí tener protecciones y no ser removido a Venezuela», dijo Báez, de 24 años, en una entrevista telefónica con AP. «No tengo dudas de que, pongo un pie en el país, y de inmediato caería preso».

Una mujer cubana de 34 años que pidió ser identificada sólo por su apellido, Zamora, debido a temores de ser detenida y deportada, recibió la noticia de la jueza como un alivio.

«Estaba aterrada de quedarme sin permiso de trabajo», comentó Zamora, cuyo permiso de entrada y permiso de trabajo expiran en septiembre. «Somos personas que, para poder venir, pasamos por todos los filtros existentes, y el gobierno nos quita el estatus como si hubiésemos sido delincuentes y entrado ilegalmente».

En una moción antes de la audiencia, los demandantes señalaron que la acción del gobierno federal era «sin precedentes» y dijeron que resultaría en que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad para trabajar. También calificaron la medida como «contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo», que establece los procedimientos que las agencias deben seguir al hacer reglas.

Los abogados del gobierno de Trump argumentaron que los demandantes carecían de capacidad jurídica y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que afecta a los inmigrantes en el programa, conocido como CHNV, no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. También dijeron que los demandantes no podrían demostrar que la terminación del programa era ilegal.

El abogado del gobierno Brian Ward también argumentó en la corte que terminar el programa no significa que los individuos no podrían ser considerados para otros programas de inmigración. Alegó que el gobierno no los priorizaría para la deportación, algo que Talwani encontró dudoso, dado que podrían ser arrestados si llegaran a ir al hospital o se vieran involucrados en un accidente automovilístico.

El fin de las protecciones temporales para estos inmigrantes ha generado poca reacción política entre los republicanos, con excepción de tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que pidieron evitar la deportación de los venezolanos afectados. Uno de ellos, la representante Maria Salazar de Miami, también se sumó a unos 200 legisladores demócratas esta semana para copatrocinar un proyecto de ley que les permitiría convertirse en residentes permanentes legales.