El Gobierno del presidente, Joe Biden, presentó el 27 de septiembre una versión revisada del programa DACA que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes, en un esfuerzo por superar las querellas en tribunales que amenazan su existencia.
Al día siguiente fue publicado en el diario del Registro Federal, la propuesta de 205 páginas que quedará expuesta a un período de 60 días para recibir comentarios del público.
«FORTALECER Y PRESERVAR DACA»
La normativa, según DHS, pretende «fortalecer y preservar» la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creada por ese departamento en 2012 durante el gobierno del presidente Barack Obama, y que beneficia actualmente a casi 600.000 inmigrantes traídos de forma indocumentada al país cuando eran menores de edad.
La nueva propuesta se da después de que un juez federal en Texas dictaminó en julio pasado que DACA es ilegal y, si bien lo mantuvo en operaciones, prohibió que el gobierno acepte nuevas solicitudes de decenas de jóvenes migrantes.
En su dictamen, el juez Andrew Hanen dijo que DACA debió haberse establecido bajo una norma federal sujeta a comentarios del público y no, como se hizo, mediante un memorando del Departamento de Seguridad Nacional.
A comienzos de septiembre, el Departamento de Justicia apeló contra la decisión de Hanen. El consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC) Aaron Reichlin Melnik dijo en un mensaje de Twitter, que la nueva regulación de 205 páginas «codificaría» las reglas de elegibilidad del memorando del DHS que creo DACA en 2012, en respuesta a las objeciones de Hanen y del Tribunal Supremo, que consideró el año pasado una demanda para salvar el programa.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas indicó en el comunicado que el Gobierno «continúa dando pasos para proteger a los soñadores y reconocer sus contribuciones a este país».
La propuesta mantiene casi todos los elementos del programa DACA original, con los mismos criterios de elegibilidad, incluidos los requisitos de que los solicitantes hayan venido a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que hayan vivido continuamente en el país desde junio de 2007.
DACA ofrece a los beneficiarios un número de seguro social y un permiso de trabajo. Uno de los cambios en la regla propuesta separa la protección de deportación del otorgamiento automático de permiso de trabajo.
Si se aprueba, la norma estipulará una tarifa de 495 dólares para la dilación de deportación y el permiso de trabajo por dos años, pero el solicitante también puede gestionar la protección de deportación, sin permiso de trabajo, con una tarifa de 85 dólares.
Este cambio busca atender también una de las alternativas para DACA sugeridas por el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, cuando en 2020 ese tribunal bloqueó el intento del gobierno de Donald Trump por terminar DACA.
EL CONGRESO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
Mayorkas aclaró que, aunque la norma propuesta «es un paso importante hacia esa meta», será el Congreso el que puede otorgar una protección permanente.
Biden ha apoyado la Ley del Sueño y la Promesa, un proyecto legislativo que ya se aprobó en la Cámara de Representantes y que permitiría acceder a la ciudadanía a unos 4,4 millones de «soñadores», pero que está estancado en el Senado.
El secretario pidió al Congreso que actúe “rápidamente” para dar a los “soñadores” el estatus legal” que necesitan y merecen».
Los demócratas en el Congreso buscan una vía para aprobar la reforma migratoria impulsada por Biden para regularizar a millones de indocumentados, incluidos los “soñadores”, después de que fue excluida del plan de gasto social de 3,5 billones de dólares que los progresistas aspiran a aprobar sin el apoyo de los conservadores.
