Leyes migratorias en Jaque

Legisladores demócratas abogan por la extensión del estatus de protección temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, y la inclusión de Venezuela en el programa que protege de la deportación.

«La situación en América Central es muy difícil debido al impacto de dos huracanes en 2020, la pandemia de la covid-19 y la crisis económica», afirmó en una teleconferencia a principios de esta semana el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia.

La hondureña Nancy Ruiz, quien trabaja cuidando enfermos, rogó al presidente Joe Biden que extienda el TPS y dijo que ella solo aspira a «más opciones de empleo, pagar un seguro de salud, capacitarme como enfermera, y que no me separen de mi hija, nacida en Estados Unidos».

El programa TPS otorga una residencia legal temporaria con permiso de trabajo para los ciudadanos de un grupo de países designados por el Gobierno estadounidense como sitios donde ha habido desastres naturales o de donde la gente huye debido a la violencia.

Actualmente el programa ampara a ciudadanos de 10 países -El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen-. Las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua expiran el 4 de octubre próximo.

Kaine señaló que «el Gobierno del presidente Donald Trump (2017-2021) intentó varias veces terminar el TPS para más de 400.000 personas, y aprobó las extensiones solo debido a dictámenes en los tribunales».

«Tenemos que hacer algo para darles una senda hacia la residencia permanente. Ellos contribuyen a nuestra economía. Por eso hemos enviado una carta a (el secretario designado de Seguridad Nacional, Alejandro) Mayorkas solicitando que se extienda la designación de TPS para El Salvador, Honduras y Guatemala».

Guatemala actualmente no forma parte de los países designados para el TPS, pero el legislador pide que se le incluya.

El representante Darren Soto, demócrata de Florida, indicó que junto con su colega Debbie Wasserman y el republicano Mario Díaz-Balart ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para que se incluya en el TPS a Venezuela, donde «el dictador (Nicolás) Maduro sigue hambreando y matando a su pueblo».

Según el Centro Pew, hay más de 400.000 venezolanos en EE. UU., de los cuales el 52 % residen en Florida.

AIM, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y Human Rights Watch obtuvieron, mediante una demanda legal, documentos relacionados con un programa denominado Verificación Electrónica de Nacionalidad (ENV), empleado por el gobierno dentro de su Protocolo de Protección de Migrantes (MPP).

En cumplimiento del MPP, el gobierno de Trump envió de retorno a México y a América Central a decenas de miles de migrantes que habían llegado a la frontera de EE. UU. y solicitaron asilo.

En lugar de obtener la audiencia en un tribunal de inmigración, como lo estipula la ley, esas personas aguardan en México o en América Central el resultado de sus trámites.

Según AIM, los documentos obtenidos «revelan detalles previamente no divulgados»acerca de la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) usaron ENV para repatriar de manera expedita a muchos centroamericanos.

La ley, tanto internacional como la de EE. UU., establece que a un extranjero detenido debe darse el contacto con el consulado de su país de origen a fin de que obtenga asesoría legal.

Uno de los documentos divulgados por AIM muestra un memorando enviado por el exdirector interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, al entonces secretario interino de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, sin fecha visible, en el cual se afirma que «los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras han aceptado probar el programa ENV».

El programa, añade el documento, «elimina el requisito de la emisión de documentos de viaje para ciertos ciudadanos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños». Esos documentos de viaje se obtienen en los consulados extranjeros.

«Los documentos no dan información acerca de cómo el DHS involucra a los consulados cuando se procesa a un extranjero dentro del ENV», indicó AIM. «El gobierno ha dado poca información acerca del programa ENV, con sólo referencias pasajeras de algunos funcionarios sobre la existencia del programa, y sin cifras del número de personas deportadas bajo ese programa».

Morgan declaró en una audiencia en el congreso en febrero de 2019 que unas 17.000 personas habían sido deportadas bajo el programa ENV.

Por su parte, en su solicitud de recursos para el período fiscal 2021, ICE indicó que había deportado bajo ENV un total de 35.859 personas en vuelos contratados desde la expansión del programa en julio de 2019.

«La falta de transparencia en torno a los programas de deportación expedita como MPP y ENV debe terminar en el gobierno (del presidente Joe) Biden», sostuvo Emily Creighton, directora legal de AIM.

«Si bien este gobierno está revirtiendo, correctamente, el curso con respecto al programa MPP, también debería rechazar programas como ENV en los cuales la deportación ocurre a costa del proceso debido y la oportunidad de presentar argumentos para el asilo».

Gregory Chen, director de AILA, sostuvo que «por dos años el gobierno ha estado saltándose el proceso debido para deportar a decenas de miles de personas usando métodos casi complemente ocultos del escrutinio público».

Por su parte, Clara Long, directora asociada de Human Right Watch (HRW), instó al gobierno de Biden a que «ponga fin al abuso de quienes buscan asilo en la frontera estadounidense y ponga fin a las deportaciones sumarias y aceleradas sin los debidos procesos».

Información Efe