Miami, EE.UU.- Una «soñadora» amparada por la Acción Diferida (DACA) demandó al Ally Bank por supuestamente negarle servicios bancarios basándose en su estado migratorio, según una demanda federal presentada este martes.
El Fondo Educativo y de Defensa Legal Méxicoestadounidense (MALDEF) presentó la demanda en nombre de Mariela Aguilar Velázquez luego de que Ally Bank se negara a considerar su solicitud de cuenta corriente porque no es ciudadana estadounidense o residente permanente legal.
La denuncia, presentada en una corte federal del norte de California y que busca la certificación de demanda colectiva, argumenta que el banco violó la legislación en California que prohíbe la «discriminación» por parte de establecimientos comerciales por, entre otros motivos, el estatus migratorio.
En noviembre de 2020, Aguilar solicitó abrir una cuenta corriente y de ahorros con Ally Bank a través de su portal en línea y facilitó datos de su tarjeta de autorización de empleo y su número de seguro social obtenido bajo DACA.
Dos días después recibió una llamada telefónica de un representante de Ally Bank informándole que no era elegible para abrir una cuenta corriente y de ahorros con su entidad porque no es ciudadana estadounidense ni residente permanente.
La joven latina aseguró en declaraciones recogidas en un comunicado que con esta demanda quiere lograr un cambio «a gran escala en las políticas bancarias» y lamentó que haya entidades como Ally Bank que pongan «obstáculos al avance financiero» de los inmigrantes.
No existe una ley estatal o federal que requiera que las instituciones financieras restrinjan los servicios bancarios a clientes con base en su condición de extranjeros, aclaró MALDEF en su boletín.
«Durante muchos años, la ley ha dejado claro que las políticas que niegan la igualdad de trato debido al estatus migratorio son ilegales», dijo Thomas A. Saenz, presidente y consejero general de MALDEF.
Esta organización ya tiene experiencia en este tipo de casos después de que demandase en 2017 al banco Wells Fargo por supuestamente negar préstamos a otra «soñadora».
Ese caso se saldó con un acuerdo por el cual el banco modificó sus políticas para que los beneficiarios de DACA pudieran ser clientes con las mismas condiciones que los ciudadanos.
Además acordó una indemnización de 18,7 millones de dólares para compensar a los amparados por este programa migratorio aprobado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, que da un permiso temporal de residencia y de trabajo a cientos de miles de jóvenes que llegaron al país siendo menores de edad.
«Presentamos este caso para asegurarnos de que Ally Bank cambie sus políticas y para advertir a otras instituciones financieras de que también deben cumplir con la ley», dijo la abogada de MALDEF Deylin Thrift-Viveros.
