Washington, EE.UU.– El Gobierno del presidente Joe Biden enfrenta este viernes una fuerte presión de centenares de grupos que abogan por los inmigrantes para que derogue las políticas fronterizas que establecen un muro virtual a los solicitantes de asilo establecido por el ahora expresidente Donald Trump.
Más de 240 organizaciones que enviaron hoy una carta al presidente Biden pidiéndole que ponga fin a la aplicación de «Quédate en México» y el Título 42, dos políticas iniciadas por la anterior Administración y que han generado la expulsión de cientos de miles que llegan a la frontera sur.
El esfuerzo, encabezado por la organización Human Rights First (HRF) y la Comisión de Mujeres Refugiadas como parte de la campaña «Welcome With Dignity», urge a la Casa Blanca a poner fin a estos programas y a cumplir sus promesas de una «política migratoria justa y humana».
MIGRANTES EN PELIGRO
Robyn Barnard, asesora principal de defensa de HRF, aseguró en un comunicado que la continuación del Título 42 y la expansión de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), designación formal de «Quédate en México», están «poniendo en peligro vidas y creando un desastre humanitario» en la frontera sur de EE.UU.
La asesora respalda su advertencia con los más de 1.500 ataques documentados por HRF contra solicitantes de asilo que fueron puestos bajo MPP en los dos primeros años de aplicación del programa, que obliga a quienes llegan a la frontera y piden asilo a esperar en México el trámite de sus solicitudes.
Según esta organización, en los primeros siete meses de la Administración Biden, iniciada en enero pasado, se contabilizaron 6.356 informes de ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en la línea divisoria sur del país.
«Me rompe el corazón ver dónde estamos hoy, Creímos en las promesas de Biden y de la vicepresidenta (Kamala) Harris», dijo hoy Guerline Josef, de Haitian Bridge Alliance, en una conferencia de prensa telemática.
PROMESAS INCUMPLIDAS
Por su parte, Lindsay Toczylowski, abogada de Immigrant Defenders Law Center, dijo que Biden «ha roto sus promesas de campaña y continúa con políticas que no son legales, humanas o seguras».
Pero el panorama para los solicitantes de asilo no se ve muy esperanzador, sobre todo con MPP. La Casa Blanca se vio obligada a restaurar esa política tras una demanda de dos estados conservadores.
Aunque el Gobierno Biden ha continuado la batalla legal contra Texas y Misuri, la semana pasada un panel del Quinto Tribunal de Apelaciones negó la petición de la Administración y se puso del lado de los estados conservadores.
«Quédate en México» no sería la única política que mantiene en vilo a los grupos que abogan por los migrantes. En marzo de 2020, y en respuesta a la pandemia de covid-19, el Gobierno de Trump activó el Título 42, una medida sanitaria por la cual se les niega le ingreso al país a personas que puedan ser una amenaza para la salud pública. En el año fiscal 2021 se realizaron cerca de 1,8 millones de expulsiones.
FAMILIAS Y NIÑOS EN RIESGO
Ursela Ojeda, asesora principal de políticas del Programa de Justicia y Derechos de los Migrantes en la Comisión de Mujeres Refugiadas, dijo en un comunicado que si la Casa Blanca no deroga estas políticas «pondrá en peligro a las personas, incluidas mujeres, niños y familias, de manera incuestionable e innecesaria».
Los activistas también expresaron su decepción por el anuncio hecho ayer por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) según el cual el Departamento de Justicia ha abandonado las negociaciones con abogados de familias migrantes separadas a la fuerza de sus hijos por el Gobierno de Trump entre 2017 y 2018.
«Como candidato Biden prometió que ayudaría a estos niños y sus familias», señaló un mensaje de ACLU en Twitter. «Pero hoy el presidente Biden juega a la política de forma desvergonzada con sus vidas y futuros».
«Después de que nuestro Gobierno abusó deliberadamente de los niños separándolos de sus familias, hoy ha abandonado las negociaciones que buscaban sanar a quienes fueron traumatizados», agregó.
Unos 5.000 menores de edad fueron separados de sus familias y distribuidos en albergues en diferentes partes del país, y en 2019 la ACLU inició una querella judicial contra el Gobierno en representación de más de 900 familias.
En noviembre el diario The Wall Street Journal indicó que las partes negociaban un arreglo por el cual el Gobierno pagaría compensaciones a las familias, y mencionó que algunos afectados podrían recibir hasta 450.000 dólares.
Sin embargo, posteriormente, el Departamento de Justicia avisó a los abogados de las familias que no podrá pagarles cantidades tan altas.
Y el pasado 6 de noviembre, el presidente Biden afirmó que las familias migrantes con niños que fueron separadas por Trump merecen una compensación monetaria por los daños sufridos.
«Debido al comportamiento escandaloso de la última Administración, si cruzaste la frontera, ya fuera de manera legal o ilegal, y perdiste a tu hijo, si lo perdiste y ya está, se fue, entonces te mereces algún tipo de compensación, sin importar las circunstancias», afirmó entonces el mandatario.
