Los Ángeles, (EFE News). – El proyecto de ley HR4437, que criminalizaba a los indocumentados y a quienes los ayudaran, cumple este miércoles 15 años de haber sido aprobado por la Cámara de Representantes, sin que el pedido de manifestantes para contrarrestar el ataque mediante una reforma migratoria fuera escuchado en todo este tiempo.
El 16 de diciembre de 2005, la Cámara aprobó por 239 votos en favor el Proyecto de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo e Inmigración (HR4437), provocando uno de los movimientos de defensa de la comunidad inmigrante más multitudinarios del siglo, en el que los hispanos llevaron la batuta de las protestas.
“La aprobación de este proyecto fue un parteaguas para la comunidad latina. La idea de no solo criminalizar a los indocumentados sino de castigar a aquellos que los ayudaran causó una gran indignación entre nuestras comunidades”, dijo a Efe Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College.
PRISIÓN PARA QUIENES DEN REFUGIO A INDOCUMENTADOS
Conocida como el proyecto de ley Sensenbrenner en referencia al congresista republicano por Wisconsin James Sensenbrenner que presentó la propuesta, esta incluía un castigo mínimo de tres años de cárcel a quien diera techo, abrigo o alimento a un indocumentado a sabiendas de que esa persona no tenía estatus legal.
“Con la excusa de ir detrás de los traficantes de humanos, Sensenbrenner y sus amigos tenían la intención de ir detrás de todos los activistas, de los profesores, de las iglesias, de los familiares de los indocumentados, la misma idea de la Propuesta 187 que en California se había aprobado más de 10 años atrás”, señaló a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Entre la lista de enmiendas y requerimientos, la HR4437 obligaba a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores, exigía a las autoridades locales entregar a los indocumentados bajo su custodia a los agentes migratorios, requería la construcción de 700 millas de muro entre EE.UU. y México, terminaba con el programa de lotería de visas, establecía que los hijos de indocumentados nacidos en el país estarían bajo custodia del Estado, y proponía la deportación inmediata de indocumentados culpables de conducir bajo la influencia del alcohol o drogas.
Tinker Salas estima que el proyecto “era más una amenaza contra la comunidad”, ya que a pesar de haber sido presentado a principios de 2005, se votó al final de la etapa legislativa, sin dar oportunidad al Senado que lo evaluara.
Sin embargo, la propuesta representó el comienzo de una batalla en torno a los indocumentados que se recrudeció en estados como Arizona con la SB1070 en 2010, y más tarde con el Gobierno del presidente Donald Trump, señala el profesor.
MILLONES A LAS CALLES
En este sentido, Alvarado considera que la amenaza sirvió como un detonante para que los indocumentados y sus hijos se lanzaran a las calles a protestar y hacer visible su problemática.
En marzo de 2006, activistas de Los Ángeles convocaron la primera de varias protestas multitudinarias que a través del país reunieron a millones de personas el 1 de mayo de ese año e hicieron de esta fecha un referente de las manifestaciones en favor de los inmigrantes en EE.UU..
“La movilización que se logró demostró el poderío de la comunidad latina. Se entendió que se podía presionar y conseguir adeptos a sus causas”, insiste Tinker-Salas.
El pedido general de los millones de manifestantes fue la aprobación de una reforma migratoria integral que favoreciera a los más de 11 millones de inmigrantes que para la época se estimaba vivían en el país. Para ese momento un proyecto de ley bipartidista presentado por el republicano John McCain y el demócrata Ted Kennedy se presentaba como la opción más clara; no obstante, los esfuerzos no dieron frutos.
UNA REFORMA MIGRATORIA QUE SIGUE EN ESPERA
Tinker Salas y Alvarado coinciden en que los demócratas fracasaron al no hacer de la reforma migratoria una de sus prioridades.
“Barack Obama fue el jefe de las deportaciones, expulsando a millones. Quince años después de las amenazas de Sensenbrenner, los demócratas siguen teniendo esa deuda”, recordó Alvarado.
No obstante, el activista señala que tras estas “amenazas” los indocumentados han recibido una y otra vez la lección de que la pelea por sus derechos debe venir de ellos mismos.
“Las victorias que se obtuvieron para detener las políticas de Trump, por ejemplo contra el Estatus de Protección Temporal (TPS), vinieron del mismo pueblo. Los indocumentados no pueden esperar que la lucha venga de otros”, puntualizó el director de NDLON.
Este martes, activistas en una docena de estados iniciaron una serie de campañas para presionar al próximo presidente, Joe Biden, a tomar acción en políticas migratorias en los primeros 100 días de su Administración.
El demócrata prometió restablecer algunos de los programas rescindidos por el Gobierno Trump y apoyar una reforma migratoria. No obstante, el panorama se muestra cuesta arriba, y Biden no incluyó la inmigración en sus cuatro prioridades: el coronavirus, la economía, la crisis climática y la equidad racial.
“El hecho de que Trump se vaya del Gobierno no quiere decir que los problemas para los inmigrantes hayan terminado; la presión a los demócratas debe seguir y se debe cobrar el gran apoyo que recibió Biden de los latinos para ganar”, zanjó Tinker Salas.
Junto con Trump, el congresista Sensenbrenner, de 78 años, también deja su cargo en enero de 2021 después de servir en la Cámara de Representantes por 40 años y ser el centro de muchos de los debates políticos más divisivos de Washington durante las últimas cuatro décadas.
“El racismo y el odio a los indocumentados y los inmigrantes sigue existiendo; por eso no se puede parar esta lucha y quedarnos de brazos cruzados. Tal vez la conversación pueda ser más civilizada con los demócratas pero aún les falta que nos escuchen y tomen acción”, concluyó Alvarado.
