Washington, EE.UU.- Un juez federal en Texas decidió a última hora del martes el bloqueo indefinido de la suspensión por 100 días de deportaciones decretada por el presidente, Joe Biden, en la que es la primera derrota judicial de este tipo para la administración del demócrata.
El juez federal Drew Tipton aprobó la solicitud de Texas, cuyo fiscal general, Ken Paxton, había argumentado que el decreto de Biden violaba la ley federal e imponía costos adicionales a ese estado.
El día mismo de su investidura presidencial, el 20 de enero, Biden firmó decretos en el marco de lo que prometió que sería una política migratoria «justa y humanitaria», incluida la suspensión de deportaciones por 100 días.
Texas inició la demanda judicial haciendo referencia a un acuerdo firmado a último momento con el gobierno del expresidente Donald Trump, según el cual cualquier cambio en la política federal de inmigración debería anunciarse a los estados con 180 días de antelación.
El 26 de enero, Tipton, un juez federal designado por Trump, emitió una orden bloqueando a nivel nacional la aplicación del decreto de Biden de forma temporaria, medida que extendió posteriormente hasta el 23 de febrero y ahora lo ha hecho por tiempo indefinido.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) denunció este miércoles la decisión del juez y Kate Huddleston, abogada de esta organización en Texas, dijo que Paxton busca que el gobierno de Biden «continúe las políticas xenófobas del ex presidente Trump».
«El permitir que continúen estas deportaciones significa que habrá familias separadas y que la gente que tiene una oportunidad de buscar alivio en Estados Unidos sea devuelta al peligro», añadió.
A pesar del deseo en contra de Biden, las autoridades migratorias han continuado con las deportaciones, aunque tienen capacidad de decidir cómo proceder caso a caso, lo que ha sido criticado por numerosos grupos de defensa de los derechos civiles.
Además, se está expulsando del país a extranjeros que habían solicitado asilo ateniéndose a otra política de Trump que las autorizó por razones de salud pública, en una medida más para sellar la frontera con México con la pandemia del cornavirus como argumento.
«Esta decisión es legalmente errónea y dañará gravemente a familias y comunidades en todo el país», afirmó Cody Wofsy, abogado de ACLU.
«La demanda iniciada por Texas es un intento de quitar al gobierno de Biden una oportunidad significativa de revisar y evaluar la aplicación de las leyes de inmigración después de años de vivir bajo las políticas ilegales de (la administración del presidente Donald) Trump, añadió Wofsy.
