La visa L-1ª, de no inmigrante, permite a empresas multinacionales transferir a ejecutivos y gerentes de sus oficinas en el extranjero a sus oficinas en Estados Unidos. Esta visa es esencial para compañías que necesitan mover talento clave para gestionar operaciones y expandir su presencia en el mercado estadounidense.
Para calificar, los solicitantes deben haber trabajado para la empresa extranjera durante al menos un año en los tres años anteriores a la solicitud y asumir un puesto ejecutivo o gerencial en Estados Unidos. Esta visa facilita la entrada legal al país y es un medio legítimo y beneficioso para promover el crecimiento empresarial y la inversión extranjera.
Durante la administración de Donald Trump (2016-2020), se implementaron una serie de políticas que afectaron significativamente la inmigración legal, incluyendo las visas L1A. Estas políticas se caracterizaron por un aumento del escrutinio y un incremento en las solicitudes de evidencia adicional (RFE), así como en las tasas de denegación.
La Orden Ejecutiva 13788, “Buy American and Hire American”, emitida en abril de 2017, dirigió a las agencias federales a revisar los programas de visas de no inmigrante para asegurar que se protejan los intereses de los trabajadores estadounidenses. En junio de 2020, la Proclamación 10052 suspendió temporalmente la entrada de ciertas categorías de visas de no inmigrante, incluyendo L1A, como medida para proteger a los trabajadores estadounidenses en medio de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.
Estas políticas se justificaron con el argumento de proteger los empleos de los trabajadores estadounidenses y asegurar que los inmigrantes no compitieran de manera desleal con la mano de obra local. La administración promovió la idea de que restringir la inmigración legal ayudaría a mejorar las condiciones laborales y salariales para los ciudadanos estadounidenses.
Dado el enfoque de Trump en promover el crecimiento económico y el desarrollo empresarial, ante su eventual elección, podría haber un impulso para facilitar la entrada de inversionistas y ejecutivos clave bajo la visa L1A. Es decir, podría haber una reevaluación de las políticas implementadas durante su primer mandato, especialmente aquellas que impusieron restricciones drásticas a la inmigración legal, buscando un equilibrio entre proteger los empleos estadounidenses y permitir la entrada de talento extranjero que puede beneficiar a la economía del país, reduciendo las tasas de denegación y simplificando el proceso de solicitud.
Por otro lado, también es posible que veamos un enfoque aún más severo que durante su primer mandato, con políticas que podrían aumentar las restricciones y el escrutinio de las solicitudes de visas L1A, continuando con la tendencia de priorizar la protección del empleo estadounidense sobre la entrada de talento extranjero.
Independientemente del resultado de las elecciones, es esencial que los solicitantes de visas L1A mantengan sus esfuerzos para cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos. La situación política puede influir en la política migratoria, pero cumplir con las regulaciones y contar con la asesoría legal adecuada seguirá siendo fundamental para maximizar las posibilidades de éxito.
(Con la colaboración de Khyrsi Prosperi-Quintana, law clerk)
* Héctor Benítez Cañas es abogado de inmigración en Miami. Su firma Benme Legal se dedica a la práctica exclusiva de la Ley de Inmigración. https://www.benmelegal.org/
