Son indiscutibles los beneficios –incluidos económicos– de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos. En julio, UnidosUS organizó en Filadelfia una mesa redonda centrada en su último informe económico, analizando la situación económica de los latinos desde la pandemia hasta hoy.
«De la pandemia al presente: forjando un camino desde la recuperación hasta la prosperidad», mostró que los hispanos son motor fundamental del crecimiento económico y la prosperidad de Estados Unidos, con 63 millones de hispanos contribuyendo con $3.2 billones a la economía de la nación.
En este clima de reconocimiento a los hispanos, los grupos delictivos vieron una oportunidad de expansión, infiltrándose entre los inmigrantes que acceden a Estados Unidos como indocumentados.
En el año fiscal 2020, la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste detuvo a 1,227 inmigrantes indocumentados procedentes de Venezuela, 9,822 de Cuba, 4,359 de Haití y 2,123 de Nicaragua, un total de 17,531. Sin embargo, en el año fiscal 2021, las detenciones de esa misma patrulla de inmigrantes de esos cuatro países aumentaron a más de 181,000, subiendo a más de 600.000 en 2022.
¿Por qué se produjo ese aumento masivo de entrada ilegal en Estados Unidos? Según dictamen de un juez federal de marzo de 2023, la causa fue la política de no detención de inmigrantes indocumentados en la frontera, contrariando la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La única consecuencia que afrontaron los que entraron ilegalmente mientras el Título 42 estuvo en vigor, fue la expulsión en virtud de las órdenes de los CDC.
Sin embargo, el gobierno mexicano no tiene obligación de aceptar el regreso de ningún nacional que no sea suyo, y cada vez más, bajo la Administración Biden–Harris, México se negó a recibir a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos que regresaban, por motivos recopilados en “Deportación y retorno de personas no mexicanas a Estados Unidos”, publicado por IMUMI (Instituto para las Mujeres en la Migración).
En el año fiscal 2021, solo el 12% de los inmigrantes detenidos de los cuatro países fueron expulsados por el Título 42, reduciéndose al 3,6% en el año fiscal 2022, conforme datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, analizados por el Servicio de Investigación del Congreso y el American Immigration Council.
Como Estados Unidos solo mantiene relaciones diplomáticas indispensables con Cuba, Venezuela y Nicaragua, carece de influencia para obligar a esos gobiernos a proporcionar los documentos de viaje que el DHS necesita para enviar de regreso a casa a los nacionales de estos países.
Esto ha sido aprovechado por la delincuencia organizada, como la banda venezolana Tren de Aragua para acceder ilegalmente a Estados Unidos, conocedores de que una vez en suelo estadounidense, el gobierno no podría hacer mucho para expulsarles.
El aumento masivo de entradas irregulares de venezolanos pasó desapercibido por la implementación del Programa de Libertad Condicional CHNV en octubre de 2022, ampliado en enero de 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Este programa, permite la entrada de hasta 30.000 nacionales inadmisibles de esos cuatro países por mes, en períodos de libertad condicional de dos años. Se podría haber retenido legalmente su entrada irregular en espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, pero habría chocado con la política de la Administración actual de detener a inmigrantes indocumentados.
Según una investigación sobre el Tren de Aragua de CNN, su presencia en Estados Unidos está plenamente consolidada, añadiéndose a la que ya tiene en Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Sus actividades incluyen homicidio, tráfico de personas, extorsión y prostitución, entre otras.
En agosto de 2023, un tweet del jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Jason Owens anunciaba por primera vez la detención de diez miembros del grupo.
Desde entonces, según denunció el senador Marcos Rubio en audiencia en el Senado, y afirman funcionarios locales y federales de Estados Unidos las detenciones de miembros de la banda y las denuncias de extorsiones y actos delictivos se han multiplicado en otros estados.
Venezuela no reconoce la existencia de esta banda, algo que para Chile es en palabras de su ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, un “insulto a los pueblos de Latinoamérica”.
La situación llegó a una gravedad extrema en días pasados, cuando se hizo público un vídeo mostrando a miembros de la banda con armas en un edificio de apartamentos de Aurora, Colorado, lugar donde el Tren de Aragua se ha apoderado de edificios enteros de apartamentos.
Para impedir una situación que, a nadie, excepto a los malhechores, conviene, hay que abordar los desafíos fronterizos mediante un marco firme, justo y libre de crueldad. Pero paradójicamente, en el marco del programa “CHNV” (para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) de esta Administración, se concede asistencia social a los cubanos y haitianos gracias a una ley de hace 43 años y a otra de 1996 sufragada con el pago de impuestos estatales.
Encuestas recientes efectuadas por UnidosUS señalan que, al igual que otros estadounidenses, los votantes hispanos están cada vez más frustrados por la situación en la frontera sur y quieren soluciones.
En respuesta a este anhelo, UnidosUS, ha elaborado un Plan Fronterizo de Tres Puntos que refleja que los votantes latinos desean una frontera manejada de forma firme (que se establezcan un conjunto firme y coherente de normas aplicables en la frontera, tomando además medidas enérgicas contra los traficantes de personas), de forma justa (que se ofrezca a los solicitantes de asilo una oportunidad justa y significativa de buscar protección en EE.UU. o en otro país); y libre de crueldad (que se rechacen medidas inhumanas como la restricción del acceso al asilo en la frontera y las deportaciones masivas a favor de brindar alivio a los indocumentados que residen desde hace mucho tiempo en el país , estableciendo una infraestructura libre de crueldad que ayude a los migrantes a navegar por las complejidades de su sistema de inmigración).
Cuando el Congreso apruebe mayores inversiones en seguridad fronteriza y políticas que apoyen la migración regular y organizada, con un trato con dignidad y respeto, podría comenzar un diálogo que lleve a la aprobación de una ley de reforma migratoria, que para que sea duradera deberá ser bipartidista y consensuada. Ese es el compromiso que una gran mayoría de hispanos quiere escuchar de los contendientes a la presidencia. Quien lo incluya en su programa electoral con detalles precisos, estará más cerca de la Casa Blanca, quien lo cumpla será un estadista al verdadero servicio de la nación, y no un simple político atento a intereses
