Berks PA – El COVID-19 ya llegó a una prisión privada en el condado de Delaware, la infección fue traída por un miembro del personal. Es muy probable que ocurra lo mismo en Berks. Como se extiende COVID-19, el gobernador Wolf #ShutDownBerks urge al gobernador emitir inmediatamente una orden de expulsión de emergencia para mantener a las familias seguras y a salvo. Como los casos reportados de COVID-19 en Pensilvania continúan creciendo, la Coalición Shut Down Berks exige urgentemente que el Gobernador Wolf emita inmediatamente una Orden de Retiro de Emergencia (ERO) para evitar que ICE use el Centro de Detención del Condado de Berks como prisión familiar. Los expertos en salud pública han desaconsejado las grandes reuniones de personas, y el Gobernador ha tomado medidas para cerrar el capitolio y las escuelas en todo el estado. Es por ello que 122 organizaciones le urgen que extienda las mismas protecciones a todos aquellos actualmente encarcelados, tanto en detención civil como de inmigrantes. Las cárceles, y los centros de detención son lugares estrechos e insalubres donde a las personas se les niega asistencia médica de forma rutinaria. El centro de detención del condado de Berks ya tiene una larga historia de negligencia médica y brotes, además de que la detención en sí misma es física y mentalmente dañina. COVID-19 crea condiciones que inevitablemente darán lugar a una crisis de derechos humanos en Berks y otras cárceles de Pennsylvania a menos que la Commonwealth tome medidas decisivas. La coalición Shut Down Berks exige que el gobernador Tom Wolf actúe rápidamente al emitir un ERO, y trabaja con los comisionados del condado de Berks, Barnhardt, Leinbach y Rivera para hacer la transición de la prisión familiar a una instalación que brinde servicios humanos para la gente del condado de Berks.
Una mayor inacción por parte del Gobernador y los Comisionados durante esta pandemia está poniendo en riesgo la vida de las familias y los trabajadores del centro de detención. Al mismo tiempo, los funcionarios federales de inmigrantes en 2019 establecieron como política nacional negar a las personas bajo su custodia las vacunas contra la influenza. Los encarcelados no pueden practicar el distanciamiento social para protegerse del Coronavirus. Las familias detenidas sin acceso a una higiene adecuada y atención médica real combinada con hacinamiento, negligencia médica institucionalizada y ahora la amenaza del coronavirus, provocaran altos riesgos de morir. La falta de atención médica y las malas condiciones de detención ya han causado 37 muertes reportadas desde que Trump estuvo en el cargo, y ocho muertes solo en 2020, muchas de las cuales han sido niños. Es por eso que el gobernador Wolf debe emitir una orden de expulsión de emergencia de inmediato. Ninguna persona debe morir como resultado de la práctica ilegal de la detención familiar, insistieron los defensores de los derechos humanos.