El viernes 21 de marzo se celebra esta efeméride decretada por las Naciones Unidas hace 60 años; el “Día Internacional por la Eliminación del Racismo”; una fecha destinada a recordar, por una parte, las 69 personas que perdieron la vida a manos de la policía de Sudáfrica durante una marcha pacífica contra el apartheid en la ciudad de Sharpeville, el 21 de marzo de 1960; y por la otra, buscar que se mantenga viva la bandera de la lucha contra todo tipo de segregación, discriminación y persecución.

Por la misma época de los hechos en Sudáfrica, en EE. UU. estaba tomando cada vez más fuerza el movimiento por los Derechos Civiles. Cuatro años antes se había producido el boicot a los buses en Montgomery; en el mismo año, 1960, se dieron las “sentadas” en Greensboro y en Nashville, en 1963 se dio la histórica marcha de Martin Luther King a Washington, y finalmente, en 1964, se expidió la Ley de Derechos Civiles, que firmó Lindon Johnson.

Esta conmemoración evoca los principios de la Carta de la ONU, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad”; y más adelante enfatiza que “todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse”.

Hoy en Estados Unidos parece estarse librando una batalla que involucra a todos, porque los drásticos cambios en la agenda del nuevo Gobierno, afectan principalmente a las minorías racializadas, a los más vulnerables, a los que más necesitan la asistencia del Estado, y de manera especial a los latinos, a los migrantes hispanos que están bajo ataque por individuos y grupos movidos por el odio; claro ejemplo son todos los casos de personas que se han hecho pasar por miembros del ICE con el objetivo de amedrentar y crear un ambiente de miedo entre la comunidad migrante, como los acontecidos en West Chester y Kennett Square.

Jocelynn Rojo Carranza, una niña de 11 años que se suicidó el 8 de febrero, pocas semanas después de que iniciara esta administración; sus padres supieron después de su muerte que la menor había sido acosada en su escuela por el estatus migratorio de su familia.

Las familias con estatus migratorio mixto están sufriendo la cristalización de las promesas de campaña sobre deportaciones masivas, donde no importa si tienen antecedentes penales o no, porque ya los consideran “criminales” por estar sin un estatus migratorio regular, pero también hay ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos, entre ellos se han registrado varios casos de puertorriqueños, lo que refuerza el temor por una persecución con el perfil racial.

Las conquistas logradas en las pasadas décadas se encuentran de nuevo en la primera línea de fuego; debido a los brotes de xenofobia y de prejuicios alimentados por la desinformación.

En los suburbios de Filadelfia han continuado las manifestaciones antisemitas, en el condado de Montgomery, después de que un residente se permitió exhibir en su jardín una bandera con el símbolo nazi de la esvástica, dos adolescentes vandalizaron el patio interno de una escuela pintando símbolos nazis, en lo que ha sido descrito por las autoridades como un claro discurso de odio.

En un estudio publicado en 2021 por S. Cañizales y J. Vallejo argumentan que, aunque en Estados Unidos, ha existido desde siempre una racialización de los hispanos como la que sufren los negros. El discurso anti-migratorio y despreciativo, en particular contra mexicanos y ahora contra el resto de los latinoamericanos, fueron claves para energizar a la base electoral que llevó al presidente Trump a la Casa Blanca por segunda vez.

Trump invocó el viernes una la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 utilizada en tiempos de guerra para deportar a cientos de venezolanos, un juez bloqueó la aplicación de la ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica el sábado con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos sin conseguirlo.

Estas acciones rozan lo que ya unos consideran una crisis constitucional provocada por la deportación de migrantes sin antecedentes penales, acusados de ser miembros del Tren de Aragua, a la mega cárcel del El Salvador, cuya única culpa, como se ha venido registrando en diversos reportes, es tener tatuajes y haberse entregado en la frontera donde se les dejó en libertad condicional bajo parole.

Ante la inminente crisis constitucional a causa de que el Poder Ejecutivo está desafiando al Poder Judicial, ya que el juez Boasberg podría declarar en desacato al Gobierno o a funcionarios si siguen sin entregar la información solicitada; surge la interrogativa si detrás en específico de las políticas migratorias impulsadas por el movimiento MAGA, está el racismo institucionalizado; ya que quieren seguir usando esa Ley para ejecutar la llamada “madre de todas las deportaciones”.

Hoy se renueva la defensa de aquellos que sufren más directamente y en carne propia los dañinos efectos del racismo y la exclusión, más cuando se sobrepasa la propia ley, de parte de quienes deberían de resguardarla.