Grupos de personas migrantes oran en un descanso, en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas (México). (Foto: EFE/ Juan Manuel Blanco/Archivo)

Cada 15 de septiembre los países de Centroamérica celebran su declaración de independencia con un día cívico nacional constelado de eventos, desfiles folclóricos, paradas militares y festejos de todo tipo. Sin embargo, es claro que el camino hacia una verdadera independencia de estas naciones no ha sido nada fácil. La región ha sufrido revoluciones militares y golpes de estado a granel, seguidos de guerras intestinas y sangrientos levantamientos populares, sin que lleguen los anhelados cambios. En este mismo momento, la región enfrenta desafíos mayúsculos para gobernantes y gobernados.

Hay consenso en que la causa principal de los desarreglos en esta región se halla en tres motivos principales: la corrupción enquistada en las élites políticas que parece no tener remedio ni redención; la descomposición social que generan los carteles de la droga, los cuales utilizan este espacio como pasadizo hacia los Estados Unidos en su negocio diabólico; y las pandillas del crimen organizado, que imponen su ley en las barriadas pobres de virtualmente todas las ciudades de esta área.

Por si hubiera dudas sobre los niveles de corrupción, baste pensar que, en El Salvador, los últimos siete presidentes han sido llamados a juicio por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, contratación ilegal, peculado u otros delitos político-financieros. Algunos están en prisión, otros prófugos de la justicia y otros en espera de sentencia. En Honduras, el último expresidente ha sido extraditado a los Estados Unidos para responder por delitos de lavado de dinero y asociación criminal, mientras que la neo presidenta Castro batalla para erradicar lo que describe como “el estado mafioso” que se apoderó del país.

Guatemala no se queda atrás. Desde el regreso de la democracia en 1986, siete de los 11 expresidentes han enfrentado la justicia por delitos como lavado de dinero, celebración indebida de contratos, cooptación y entramados para desfalcar al erario. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- creada en 2006 bajo auspicio de la ONU, venía desarrollando una excelente labor contra la corrupción política, mientras desataba la ira de los presidentes, hasta que Jimmy Morales logró expulsar a su personal y cerrarla en 2019, hecho por el cual ahora enfrenta un antejuicio por violación a la constitución.

Y el caso de Nicaragua merece capítulo aparte. Después de sufrir una sangrienta revolución donde los Sandinistas derrocaron a la dictadura de los Somoza, generando una fallida esperanza de renacimiento social, los principales líderes de oposición están en prisión, mientras la cuestionada reelección del presidente Ortega lo mantiene en su quinto período presidencial. La violenta arremetida actual de su régimen contra la iglesia católica ha generado consternación internacional.

El producto directo de toda esta convulsión social son las grandes caravanas de migrantes que, principalmente desde estos cuatro países y bajo condiciones inhumanas, intentan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, en busca de un improbable asilo que les permita escapar al acoso de las pandillas, los carteles de la droga, la gran pobreza que deja la bestia insaciable de la corrupción y la violencia endémica, aunado a los desplazamientos producidos por la crisis climática. Por todo esto, solo una visión no partidista y una voluntad de acompañamiento solidario por parte de los Estados Unidos y las naciones desarrolladas hacia esta golpeada región, pueden ayudarla a recuperarse del atolladero histórico en que se encuentra, y un día poder celebrar sus independencias con mayor regocijo y dignidad.

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