HARRISBURG, Pensilvania. — El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo el pasado lunes que la Administración del presidente Donald Trump ha liberado miles de millones de dólares en ayuda Federal que el demócrata había acusado al Gobierno de retener de manera ilegal e inconstitucional.
Shapiro dijo en una conferencia de prensa que más de 2.000 millones de dólares que su Administración había identificado como congelados o retenidos por una revisión no especificada ahora estaban accesibles para las agencias estatales. Shapiro presentó una demanda en un tribunal federal por la ayuda el 13 de febrero, después de que los tribunales federales rechazaran repetidamente la pausa radical de la Administración Trump en la financiación federal y cuestionaran si la Administración Trump estaba ignorando las órdenes judiciales.
Shapiro también dijo que presionó su caso en conversaciones con altos funcionarios de Trump mientras estaba en Washington, D.C., durante el fin de semana. La oficina del fiscal de Estados Unidos en Filadelfia, que representa a las agencias federales mencionadas en la demanda, se negó a hacer comentarios el lunes. Sin embargo, en el Tribunal Federal de Rhode Island, los abogados de la Administración Trump han argumentado que la decisión del Gobierno de congelar los fondos era legal y pidieron a un juez que rechazara una solicitud de casi dos docenas de estados demócratas para una orden judicial preliminar.
Los abogados de la administración caracterizaron la congelación como simplemente una «pausa» para considerar la mejor manera de utilizar los fondos federales. Sostuvieron que el caso era discutible ya que la Oficina de Administración y Presupuesto había rescindido su memorando a fines de enero congelando las subvenciones y préstamos federales.
Gran parte de la financiación de subvenciones estancada identificada por la Administración de Shapiro fue aprobada por el Congreso en leyes emblemáticas firmadas por el expresidente Joe Biden, incluida su histórica ley climática de 2022, la Ley de Reducción de la Inflación y su ley de infraestructura de 2021.
La demanda había dicho que se estaba reteniendo la ayuda de los programas que distribuyen dinero para mejorar la eficiencia energética en los hogares, tapar pozos de gas abandonados, limpiar tierras mineras abandonadas, mejorar los sistemas municipales de agua y alcantarillado y reembolsar a la industria por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.
Cinco agencias federales fueron nombradas como demandadas: la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, la Agencia de Protección Ambiental y los departamentos de Interior y Transporte. Ninguno ha comentado sobre la demanda, excepto el Departamento de Energía, que dijo que estaba cumpliendo con las órdenes judiciales. Sin embargo, el departamento no dijo si había liberado la financiación que la administración de Shapiro lo acusó de retener.
