La ONG Plan Internacional divulgó un estudio este lunes que destaca las barreras y desafíos que enfrenta la niñez venezolana migrante y refugiada en Suramérica para acceder a servicios de educación equitativos, inclusivos y de calidad, un problema que afecta por igual a las comunidades de acogida.
El informe «Barreras para el acceso, transición, finalización y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes refugiados, migrantes y la comunidad de acogida en la región, desarrollado en Colombia, Ecuador y Perú» por Plan junto con el Grupo Regional de Educación (Grelac), encontró que el 35,9 % de los hogares consideran difícil matricular a los menores migrantes.
La encuesta realizada entre agosto y noviembre de 2022 incluyó como población objetivo a adultos cuidadores de niños, niñas y adolescentes migrantes provenientes de Venezuela y de la comunidad de acogida en edades escolares y autoridades educativas.
El estudio organiza los hallazgos por país y por los momentos de la trayectoria educativa, que van desde la matrícula de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) hasta las amenazas u obstáculos que las familias consideran que tienen que sortear para terminar el proceso educativo.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), citada en el informe, detalla que los tres países latinoamericanos que más acogen población venezolana migrante son Colombia con 2,5 millones, seguido de Perú con 1,5 millones y Ecuador con 502.200 migrantes.
La investigación destaca que del total de hogares que atraviesan dificultades, el 79,5 % corresponde a hogares migrantes que citan como principal obstáculo los requisitos de documentación exigidos por los establecimientos educativos.
También reveló que el 26,4% de los hogares encuestados están de acuerdo en que es difícil para sus hijos continuar en la escuela.
Esta situación, según Plan, obedece a problemas económicos, dificultades para encontrar cupos escolares, obstáculos relacionados con los documentos migratorios y la falta de conocimiento sobre los sistemas educativos locales.
«En los países se deben construir sistemas y políticas educativas resistentes a las crisis que se basen en las experiencias y soluciones identificadas por la niñez y la juventud desplazada. Estos sistemas y políticas deben ser adaptables, flexibles e innovadoras y garantizar la protección de los derechos de las niñas», manifestó la directora de Plan Internacional para la Subregión de Sudamérica, Verónica Zambrano.
Esto permitirá, afirmó Zambrano, «ofrecer una educación inclusiva y de calidad para garantizar la continuidad de la educación en contextos de movilidad humana».
El informe señala por su parte que en el caso de las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas, la violencia de género a la que están expuestas también tiene un efecto perjudicial en su educación, obligándolas a abandonar la escuela, faltar a clase o tener un bajo rendimiento debido a traumas físicos y emocionales.
Respecto a la permanencia, se tiene que 26,4% de las familias encuestadas están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que es difícil continuar en el colegio en el país en el que viven.
Adicionalmente, 6,6% considera que al menos un NNA a su cargo se enfrenta a algún tipo de amenaza para culminar su proceso educativo.
En el caso de las niñas, el informe resalta que el embarazo adolescente y la falta de recursos son factores que las obligan a abandonar sus estudios.
Sobre la exclusión educativa, se identificó que está presente en todos los miembros de la comunidad educativa: 8,8% de las familias ha identificado rechazo por parte de docentes, 4,3% por parte de otros miembros de la comunidad educativa y 15,1% afirma que estos comportamientos suceden entre los mismos NNA.
En este punto el estudio señala que las brechas percibidas de acceso y permanencia en la educación permitió identificar que «un reto que permanece entre los tres países a pesar de los esfuerzos es la xenofobia (…) un reto que requiere de esfuerzos importantes a nivel central y apoyo de la cooperación internacional».
