Ciudad de México.- El Gobierno mexicano, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Poder Judicial se ha dedicado a obstaculizar el caso de lo 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
«No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso», dijo en un comunicado el Gobierno de México.
La reacción del Gobierno mexicano, emitida por la Secretaría de Gobernación (Interior), llegó luego de que el pasado viernes se diera la liberación de ocho militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, tras lo cual López Obrador se reunió este lunes con el fiscal especial para el caso Rosendo Gómez.
La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar la suma de 50.000 pesos (unos 2.900 dólares).
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo el domingo pasado que iniciará un procedimiento legal en contra de la jueza Raquel Duarte que dio la libertad a estos militares.
En el comunicado, el Gobierno mexicano dijo que «una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia» y dijo que previamente había liberado a 62 implicados en los hechos, al argumentar que «habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.
Dijo que también intentaron dejar en libertad al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR, actual FGR), Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares.
«Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército (…) todo ello, por razones estrictamente políticas».
Además dijo que «con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia».
El Gobierno de México remarcó que el caso Ayotzinapa «es un asunto de Estado» y por ello pedirá a la FGR «solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto de 2023, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.
De igual modo, apuntó, «va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación».
Según la desacreditada versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como ‘verdad histórica’, los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron en un basurero.
En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas, se ordenó la captura de militares vinculados al caso y ahora ha admitido la participación del Estado mexicano.
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen apuntando hacia una falta de voluntad del Gobierno, en tanto que, las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del exfiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.
