Cientos de indígenas mayas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales marcharon este miércoles contra el creciente conflicto armado que viven en Chiapas, estado del sureste de México, aunque el Gobierno federal insiste en que hay paz en la región.
Los pueblos originarios protestaron en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa, Ocosingo, Simojovel, Chilón, Salto de Agua y Teopisca para exigir el cese a la violencia que ejercen grupos paramilitares y la delincuencia organizada que se pelea el territorio.
Los contingentes estuvieron conformados por organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, familias de presos políticos, personas desplazadas por el crimen organizado, y parientes de desaparecidos y víctimas de feminicidio.
Durante el recorrido ondearon banderas blancas con gritos de “Alto a la violencia”, “presentación con vida de los desaparecidos”, “alto a la criminalización a los pueblos originarios” y “justicia”.
La protesta ocurrió ante el incremento de la violencia en las comunidades de Chiapas, donde los grupos armados se han apoderado de los pueblos originarios.
Apenas la semana pasada, criminales secuestraron a 16 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas.
Además, los ataques a las comunidades que se identifican con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no cesan y el municipio de Pantelhó está en conflicto con dos grupos que se autodenominan autodefensas, lo que ha resultado en 12 personas asesinadas.
Pobladores de la zona fronteriza han denunciado el desplazamiento forzado de miles de familias de comunidades, ranchos ganaderos y cafetaleros.
“El pueblo no encuentra una respuesta, hay un vacío de la autoridad muy terrible, la gente no sabe a quién acudir, la autoridad está para cuidar al pueblo, para defenderlo, pero hay un vacío muy grande ahí y mucho dolor”, denunció Luis Manuel López, obispo auxiliar de San Cristóbal, ante los medios.
Aunque activistas y habitantes han advertido de un «clima de guerra» en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una visita el 23 de junio que «en general hay paz y tranquilidad».
Pero Ricardo Magdaleno, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapato (OCEZ-RC), busca a dos luchadores sociales desaparecidos desde hace 10 días, al afirmar que la autoridad no hace nada.
«Somos parte de una organización que defendemos a nuestras comunidades, (pedimos) que apoyen a las familias en la búsqueda de nuestros compañeros porque hasta el momento la fiscalía solo la demanda ha recibido, pero sobre que estén buscando a nuestros compañeros no hay nada todavía», dijo a EFE.
Al reclamo se unió Lupita Jiménez Bueno, quien viajó un par de horas hasta San Cristóbal para evidenciar que en su comunidad “el mal llegó”.
«En las pequeñas comunidades también ya se está viendo lo que es el narcomenudeo (venta de droga), todo lo que es vender droga», advirtió.
