Lima, Perú. — El nuevo gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas sobrevenidas en el país por la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, tras su intento la semana pasada de disolver el Congreso.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció el miércoles que la medida se tomó “debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos” y aunque aseguró que “ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados” por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, “requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno”.
Otárola dijo que aún se está por definir si la medida incluirá un toque de queda. Pero puntualizó que la declaratoria de emergencia “significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de la reunión y la libertad y seguridad personales”.
Las fuerzas del orden, en consecuencia, podrán impedir reuniones, ingresar a domicilios y restringir el tránsito, si lo consideran necesario según lo anunciado por el titular de Defensa.
La decisión de restringir derechos es un intento del nuevo gobierno, presidido desde la semana pasada por Dina Boluarte en reemplazo del destituido Castillo, para controlar las protestas que sucedieron a la crisis política peruana.
Boluarte se pronunció la tarde del miércoles ante la escalada de tensión y llamó a la paz.
Tras reunirse con los mandos militares, dio declaraciones a la prensa sin permitir preguntas en las que apeló a su comprensión como presidenta de las necesidades de la población. “Queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanas. Sabemos que las necesidades de nuestra querida patria están sin atenderse de hace mucho tiempo”, arrancó su pronunciamiento, matizando que eso se podrá hacer dentro de “la paz, de la concordia, de la hermandad”.
Cifró en 200 los policías heridos, mencionó que “seguramente también hay en la sociedad civil que están agredidos” y rechazó que las protestas se estén “saliendo” del marco legal con la quema de comisarías, la toma de carreteras y de aeropuertos y el bloqueo del paso de ambulancias. «Estamos cansados, creo yo, de nuestra historia en el Perú de no vivir tranquilos y en paz”, añadió.
La confrontación social suma hasta el miércoles seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, un adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y, para algunos también, la libertad del expresidente Pedro Castillo.
La misma mañana en que se declaraba el estado de emergencia, se aplazaba la audiencia para decidir sobre la libertad de Castillo. El jueves se decidirá si el expresidente destituido por el Congreso, que enfrenta cargos por rebelión y conspiración por intentar disolver el Legislativo antes de ser removido del cargo, recibe una extensión de su prisión preliminar de hasta 18 meses como solicita la Fiscalía.
Pedro Castillo, de 53 años, permanece con detención preliminar de 7 días desde el pasado 7 de diciembre y permanecerá preso en tanto el Poder Judicial decide, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa del expresidente.
La sesión del miércoles en que debía tomarse esa decisión se suspendió a pedido de la defensa de Castillo, que alegó no haber sido notificada.
Una sala de la Corte Suprema ratificó la víspera la detención de siete días a Castillo y rechazó la apelación presentada para anular la orden judicial inicial de detención.
Uno de los argumento tomados en consideración por el tribunal para rechazar esa apelación y ratificar la detención fue la petición de asilo político de Castillo a México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, había confirmado que el mandatario destituido le había llamado para pedir asilo político, pero que fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México en Lima.
Este aspecto también está entre los argumentos de la Fiscalía para extender la prisión preliminar. La solicitud de prisión se extiende al ex primer ministro peruano Aníbal Torres, cuya localización es desconocida.
Vilma Vasquez Castillo, sobrina del expresidente, reprochó a las afueras del recinto donde está detenido la falta de comunicación que ha habido su pariente. «No nos dejan ingresar, queremos saber qué esta pasando, como familiares no tenemos ninguna información”, reclamó en el exterior de la Dirección de Operaciones Especiales donde se congregan seguidores de Castillo.
El expresidente había convocado a sus simpatizantes a que acudan el miércoles por la tarde a la sede policial donde está apresado para recibirlo si es que se daba una eventual liberación. Sus colaboradores adelantaron el llamado dos horas para las 11 de la mañana hora local. Pero la audiencia finalmente se postergó.
La noche anterior Castillo adujo ante el juez que decidía sobre su apelación que no renunciará a la causa que le dio el pueblo y exhortó a las Fuerzas Armadas a deponer las armas y dejar de matar civiles.
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido… Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, defendió el expresidente destituido. “Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo en conexión virtual, interrumpido por el juez que le pidió ceñirse al alegato judicial.
Afuera de la prisión, los abogados de Castillo leyeron una carta atribuida al exmandatario en la que culpa de las muertes ocurridas en las manifestaciones a la presidenta Dina Boluarte. La jefa de Estado fue su vicepresidenta y asumió el cargo después de que el Congreso removiera a Castillo por el intento de disolver el Congreso el mismo 7 de diciembre que fue calificado por sus detractores como un golpe de Estado.
“Señora Dina, mira el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, dice el exmandatario en esta misiva.
El día anterior, en otra carta atribuida a Castillo y facilitada a The Associated Press por Mauro Gonzales, de su equipo de comunicación en campaña presidencial, había dicho estar “en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”. Calificó de usurpadora a Boluarte.
Estos mensajes fueron replicados en las redes sociales del exmandatario.
Boluarte, en cambio, ha puesto en duda esas expresiones. “No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente Castillo sean palabras de él. Lo siguen utilizando, lo siguen manipulando al presidente”, dijo tras visitar en un centro de salud en Lima a una niña que resultó herida en uno de los enfrentamientos en la zona de Andahuaylas, en la región de Apurímac, a 757 kilómetros de la capital del país.
