Cada 30 de agosto desde el año 2011 se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos de años anteriores, para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado, o sigue igual.
El caso de Ayotzinapa, calificado recientemente por el actual gobierno mexicano como “crimen de Estado”, se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 100.000 desaparecidos y donde todavía imperan altísimos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
En pequeños grupos y en forma simultánea en distintos puntos de México, familiares de algunos de los desaparecidos en el país exigieron el pasado martes que se apliquen las leyes y se busque a sus seres queridos.
Son “unas cifras realmente enormes» y reconocidas por el gobierno, dijo Guillermo Fernández Maldonado, representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que participó en una de las marchas de la capital.
Advirtió que «no es como en otras realidades que se habla del pasado, sino (que) son situaciones graves que siguen sucediendo cada día”.
Este día las familias volvieron a caminar por avenidas emblemáticas de la Ciudad de México con las fotografías de sus seres queridos colgando de sus pechos.
Exigieron al gobierno que cumpla las recomendaciones presentadas en abril por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que, entre otras medidas, pidió combatir una impunidad que calificó de “casi absoluta” y “estructural”.
El Comité también instó a las autoridades a que reconozcan todas las formas de responsabilidad del Estado, ya sea por acción directa o por complicidad u omisión en las desapariciones efectuadas por el crimen organizado, que es el principal perpetrador.
El caso más conocido internacionalmente es el de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014 en el sur de México, pero son los perdidos a los que nadie busca y de los que sólo sus familias se acuerdan.
“Nos faltan 43 y nuestros hijos también”, gritaban en una de las protestas.
Las familias piden que se cumplan los protocolos de búsqueda desde las primeras horas, las más importantes para localizar a alguien, y piden mayor coordinación entre instituciones porque, aunque el gobierno federal ha avanzado en temas de legislación y búsqueda, no siempre cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales.
También piden que se ponga en marcha cuanto antes el Banco Nacional de Datos Forenses que, por ley, ya debería estar funcionando.
Además de los desaparecidos, México tiene 52.000 personas no identificadas en fosas y morgues de todo el país
México dice que se está abierto al escrutinio internacional en desapariciones
México está actualmente abierto al escrutinio y a la cooperación internacional en materia de personas desaparecidas después de que las autoridades negaran la existencia de una crisis y ante la imposibilidad de generar una coordinación efectiva, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas.
«Para nosotros es fundamental la apertura que por orden del presidente (Andrés Manuel) López Obrador hemos establecido y a la cooperación internacional no solamente a las agencias de las Naciones Unidas, sino también a las embajadas», dijo.
Durante la presentación de la tercera edición de la publicación de «La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas», conocido como el Libro Verde, el funcionario reconoció el valor de los esfuerzos por parte de la ONU para colaborar con las autoridades mexicanas, en un momento de crisis en el que ya se superaron las 105.000 personas desaparecidas.
«Está expresado cómo el Estado mexicano durante años no solamente negó la existencia de la desaparición forzada, sino que además abdicó en una de sus responsabilidades fundamentales que es garantizar el derecho de todas las personas a ser buscadas», consideró, a la vez que calificó al libro como su «programa de trabajo, prácticamente».
Asimismo, explicó que esta edición del Libro Verde concreta «los tres grandes problemas» en la solución de la crisis de personas desaparecidas.
En primer lugar, dijo, la práctica se convirtió sistemática hace décadas para erradicar la disidencia política pero lamentablemente hoy se trasladó a la asociación entre grupos delictivos y autoridades. «No podemos negar la unión».
Por otra parte, dijo, la impunidad es una gran traba y las salidas que el Gobierno mexicano ha intentado no han funcionado.
Por último, destacó que se han tenido que crear organismos que realizan las funciones que otros que ya existían no han sido capaces -o no han tenido la voluntad- de asumir.
Durante la presentación de la publicación en el Centro Cultural de España en México, también se reprodujo un video de la chilena Michelle Bachelet, quien se despidió como alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
La expresidenta de Chile expresó su «admiración y reconocimiento» a las personas «que movidas por amor hacia sus seres queridos» han realizado grandes logros como la búsqueda efectiva, la creación de leyes o la construcción de memoria.
Lety Hidalgo, madre de Roy Rivera, desaparecido en 2011 en el norteño estado de Nuevo León, consideró que sí ha habido avances pero que todavía no se han materializado.
«Aunque casi todo está en marcha, los resultados han sido pocos, siguen aumentando las personas desaparecidas y los cuerpos sin identificar», sentenció.
