El Departamento de Estado de EE. UU. insta a Cuba «a respetar los derechos fundamentales» tras la prohibición de una marcha pacífica de opositores en noviembre, y recalcó que esta negativa es «un recuerdo» de que es el pueblo cubano quien sufre «en su lucha por la libertad». Así se expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en su rueda de prensa diaria el pasado martes, al ser cuestionado sobre el rechazo de Cuba a dar permiso a activistas opositores para llevar a cabo una gran marcha pacífica el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades del país al considerarla «ilícita». «Lo que hemos visto con la prohibición de una protesta pacífica es un recuerdo de que es el pueblo cubano el que está pagando caro en su lucha por la libertad», dijo Price.Price rechazó que Estados Unidos esté detrás de la convocatoria de la marcha e insistió en el que el descontento en la isla caribeña responde a «las aspiraciones no satisfechas del pueblo cubano por la libertad, la dignidad y la prosperidad… es la libertad de expresión, la libertad de reunión de manera pacífica, las que el gobierno de Cuba ha negado a su gente», agregó.
Las autoridades de La Habana interpretan que la marcha es «una provocación», que promueve «un cambio de régimen» en Cuba y argumenta que, según la Constitución de 2019, el «sistema socialista» que impera en el país desde hace más de seis décadas es «irrevocable».
Miembros de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago solicitaron a las delegaciones provinciales autorización para llevar a cabo una «Marcha pacífica por el cambio» el 20 de noviembre, aunque más tarde la adelantaron al 15 debido a que el Gobierno convocó un desfile militar en la fecha inicialmente prevista.
En La Habana los organizadores preveían la participación de unas 5.000 personas en un recorrido que comenzaría en la avenida del Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional (parlamento).
En Cuba los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haberse autorizado, la marcha del 15N habría sentado un precedente histórico.
El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles de forma espontánea para reclamar más libertades y un cambio político en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel. El país atraviesa una grave crisis económica con una incipiente inflación, escasez de alimentos, medicinas y otros productos, largas colas y cortes de luz, lo que ha aumentado el descontento entre la población.
