Lima, Perú. — El detenido expresidente Pedro Castillo, destituido tras disolver el Parlamento, se unió al grupo de exmandatarios en líos con la justicia que han gobernado Perú desde hace décadas, algunos de los cuales terminaron presos.
Castillo casi se mantuvo en silencio el jueves durante una audiencia en la que la Fiscalía pidió su arresto por siete días mientras lo investiga por el presunto delito de rebelión. El exmandatario estaba en una extensa base policial, alejada del centro de Lima, que tiene en su interior una solitaria cárcel para presidentes donde purga condena desde 2007 otro exmandatario: Alberto Fujimori.
La escena de Castillo junto a sus dos abogados contrastaba con su promesa de extirpar la corrupción que hizo cuando llegó al poder en 2021, delito por el cual están procesados la mayoría de los últimos expresidentes peruanos.
Tras ser interrogado por primera vez por la Fiscalía el 28 de diciembre del año pasado por un caso de presunta corrupción, Castillo aseguró en sus redes sociales: “Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada. Tenemos la conciencia limpia”.
Era una clara referencia a otros expresidentes como Fujimori (1990-2000), quien huyó de Perú antes de ser condenado por corrupción y asesinato, y Alan García (1985-1990 y 2006-2011) quien se refugió en la embajada de Uruguay meses antes de suicidarse en 2019 cuando la policía se disponía a detenerlo en el marco de una investigación por un presunto soborno recibido de la constructora brasileña Odebrecht.
Pero el jueves el mismo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que Castillo llamó a su despacho para pedir que lo dejen ingresar a la embajada mexicana, ubicada en el barrio más rico de Lima. No pudo. Minutos después que que dejara el Palacio Presidencial la policía lo detuvo en una calle y lo llevó a una estación policial.
Castillo, un maestro rural de 53 años sin experiencia política previa, fue el primer presidente de Perú en ser investigado de forma preliminar por la Fiscalía mientras estaba en funciones por varios casos, la mayoría por presunta corrupción. Ahora sumó una nueva investigación fiscal por rebelión luego de cerrar el Parlamento y querer instaurar un gobierno de emergencia además de intentar reorganizar el Poder Judicial, la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia.
Otros exmandatarios también están en problemas. Alejandro Toledo, un economista que gobernó entre 2001 y 2006 y prometió acabar con el robo del dinero público, espera una extradición desde Estados Unidos mientras es investigado por presunta corrupción ligada a la constructora brasileña Odebrecht.
El expresidente Ollanta Humala, un ex oficial del Ejército que gobernó entre 2011 y 2016 y que también llegó al poder criticando la corrupción, enfrenta un juicio en el cual la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión junto a su esposa Nadine Heredia, para quien ha pedido 26 años.
A la pareja se la acusa de lavado de activos. La fiscalía afirma que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por parte del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht.
Otro que estuvo en prisión domiciliaria fue el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), un exbanquero de Wall Street que renunció antes de que el Parlamento lo destituyera. La fiscalía lo investiga por el presunto delito de lavado de activos en sus nexos con Odebrecht y la justicia le ha prohibido salir del país.
En 2018 el destino de los exmandatarios peruanos llamó la atención del papa Francisco durante una visita al país. En una reunión con los obispos que fue transmitida por la televisión pública el pontífice aseguró que Latinoamérica sufre de una “gran decadencia y corrupción» y se preguntó “¿qué le pasa a Perú que a cada presidente lo meten preso?”.
