La espiral de violencia y caos que vive Perú entra a su sétima semana sin visos de solución. La acumulación de frustraciones e insatisfacciones de parte de la población podría explicar parte del estallido social, pero hay más.
Lima, Perú. El fin de semana decenas de policías ingresaron a una de las universidades estatales más importantes de Perú, luego de que con una tanqueta derribaran una de las puertas de ingreso. Imágenes en redes sociales y medios de comunicación mostraron cómo buscaban y detenían a manifestantes que desde hace algunos días pernoctaban en las instalaciones tras llegar desde el interior del país para participar de protestas en Lima.
Hubo más de 200 detenidos en la operación policial que se realizó, según las autoridades, por pedido de la propia Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de que un grupo de manifestantes y estudiantes redujeran a vigilantes, dañara las cámaras de seguridad y tomara las puertas de acceso. Sin embargo, la propia institución alegó que “solicitó, únicamente, la liberación de las puertas tomadas” y denunció “abuso de autoridad”.
La tarde del domingo, gran parte de los detenidos recuperó su libertad, pero la operación policial ha indignado más a los manifestantes que siguen convocando a más marchas en la capital y en otras partes del país para esta semana, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas y el cierre del Congreso.
Además, en el sur peruano, las protestas no han cesado y el fin de semana, manifestantes siguieron atacando comisarías (La Joya, en Arequipa, y Kasani, en Puno) e incendiaron locales de instituciones públicas en la frontera con Bolivia. En tanto, los bloqueos de carreteras continúan en distintas partes y los intentos de las fuerzas del orden por liberarlas tienen éxito pasajero.
Ante la ola de protestas y “para salvaguardar la seguridad de los turistas y la población en general”, las autoridades dispusieron el sábado el cierre de la ciudad inca de Machupicchu y del Camino Inca hasta nuevo aviso, en un duro golpe al sector turismo del país, que venía recuperándose lentamente tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia de la COVID-19.
Así, mientras el gobierno de Boluarte hace llamados al diálogo sin obtener respuestas y asegura que está más firme que nunca, las protestas se radicalizan dejando al país en una situación de violencia y caos no vistas desde hace décadas.
¿Qué pasó?
Perú atraviesa por una fuerte crisis política desde hace seis años, periodo en el que ha tenido seis presidentes, incluyendo a Boluarte, pero en general los peruanos se habían mostrado apáticos a ello, salvo cuando hubo movilizaciones en Lima contra Manuel Merino, quien duró solo cinco días en la presidencia.
La actual ola de protestas empezó en diciembre, después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y detenido por intentar cerrar el Congreso sin éxito. Si bien su gobierno fue duramente criticado por su ineficacia en la gestión pública y escándalos de corrupción que salpicaban a su entorno más cercano, sus simpatizantes aseguran que sectores de derecha y las élites torpedearon constantemente su gestión.
Castillo, un maestro rural y líder sindical, fue elegido gracias a los votos de las zonas más vulnerables, donde caló su discurso de “no más pobres en un país rico” y la promesa de un cambio de Constitución para mejorar las condiciones de vida de los peruanos más necesitados y que no se beneficiaron de la bonanza económica del país, un importante productor mundial de metales.
“En el caso del sur, la gran riqueza mineral ha generado crecimiento económico en los últimos años. Sin embargo, un importante grupo de sus habitantes no ha visto este crecimiento reflejado en sus niveles de calidad de vida. Por ejemplo, en 2011 la pobreza de Puno llegaba a 39% y para el año 2019 tan solo se había reducido a 35%”, expresó el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla en una columna publicada en el diario El Comercio.
“La atención al desarrollo regional y la reducción de brechas sociales tarde o temprano deberá ser encarada, pues constituye el caldo de cultivo de la convulsión que hoy vivimos. Urge cambiar esta situación si se toma en cuenta que incluso en las regiones que se han mantenido relativamente pacíficas, las brechas sociales son similares a las jurisdicciones más convulsionadas”, añadió Castilla.
La actual Constitución fue promulgada en 1993 por el gobierno de Alberto Fujimori, y para muchos es la base del despegue económico que tuvo el país; pero sus detractores la responsabilizan de crear un modelo que no ha favorecido a todos por igual.
“Muchos estaban analizando que era poco lógico que con tanta corrupción y con tanta incompetencia el pueblo no se levante y una de las hipótesis era que faltaba el detonante”, dijo el psicólogo social, Jorge Yamamoto, en entrevista al medio local Radio Programas del Perú durante el fin de semana.
Y la caída de Castillo lo fue. “El problema está en que aquí se mezcla una motivación lícita con un liderazgo y una conducción perversa”, indicó el experto.
Minería ilegal y narcotráfico
Para el gobierno de Boluarte, parte de las manifestaciones está siendo financiada por la minería ilegal y el narcotráfico, dos actividades boyantes en el país y que operan mayormente en parte de los andes y selva peruana, donde la presencia del Estado es escasa o nula.
La minería ilegal ha ganado tracción en los últimos años en Perú alentada por el aumento en los precios de los metales y la poca presencia del Estado
Perú es el mayor productor de oro en Latinoamérica y el octavo a nivel mundial; el segundo productor, a nivel mundial, de cobre y plata; y el primero, a nivel de Latinoamérica, en cuanto a producción de zinc, plomo, estaño y otros metales. La actividad minera representa cerca del 61% de las exportaciones y los elevados precios internacionales de los metales beneficiaron al país, pero también alentaron la minería ilegal e informal.
En tanto, pese a los intentos de diferentes gobiernos en el Perú por erradicar los cultivos de hoja de coca, insumo para la pasta básica de cocaína, estos siguen proliferando. Hace pocos meses, un importante funcionario informó que tras la pandemia el cultivo ilegal de hoja de coca en el país se incrementó debido a la creciente demanda de cocaína en el mercado internacional. Estados Unidos anunció recientemente que brindará 8 millones de dólares adicionales al Perú para apoyar las actividades de erradicación de este insumo durante el 2023.
Según expertos en seguridad, el narcotráfico se ha aliado a los rezagos del grupo terrorista Sendero Luminoso, que en los 80´s e inicios de los 90´s provocó una guerra interna que causó la muerte de más de 60,000 personas, según una comisión de la verdad.
Y el gobierno de Dina Boluarte considera que detrás de las actuales manifestaciones hay también infiltrados de este grupo.
Sin representación
La crisis política de los últimos años tiene en parte su origen en reglas electorales que se han tratado de ajustar infructuosamente y que han promovido la proliferación de partidos políticos poco representativos y que sirven en algunos casos de “vientres de alquiler” (es decir, interesados en tentar el poder pagan cuantiosos montos para ser considerados en las listas).
En las elecciones generales de 2021, que Castillo ganó en segunda vuelta, se presentaron 18 candidatos a la presidencia.
“Lo que estamos viendo hoy día es una olla a presión que comienza a explotar y que da cuenta de un Estado débil, de brechas sociales que se vienen acumulando en un país que crecía económicamente, pero donde la pobreza rural seguía siendo dramática. Estamos viendo un gran divorcio entre gobernantes y gobernados, entre la clase política y la ciudadanía en general”, dijo el sociólogo Sandro Venturo durante una entrevista el sábado en RPP.
“No hay organización política en el Perú que diga yo represento a los peruanos. Como el voto es obligatorio, tenemos que votar. Hoy estamos cosechando eso que hemos estado sembrando en las últimas dos o tres décadas”, añadió.
