El Gobierno de Estados Unidos señaló por corrupción 60 funcionarios y exfuncionarios gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como a jueces y fiscales de esos países. El secretario de Estado, Antony Blinken, acusó en un comunicado a esas personas de «corrupción significativa», de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.
Por ello, Blinken afirmó que contribuyen a «la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades».
Los individuos han sido incluidos en la conocida como «lista Engel» de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a EE. UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país. A diferencia del listado del año pasado, donde no había ningún nicaragüense, Washington ha incluido este año a 23 jueces y fiscales de Nicaragua.
También hay seis salvadoreños, dieciséis guatemaltecos y quince hondureños.
Entre los nicaragüenses están los fiscales Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Jorge Luis Arias Jarquín, Marling de Jesús Castro Rodríguez y Andrea del Carmen Salas, del Ministerio Público en Managua; así como Perla de los Ángeles Baca, procuradora jefa del departamento de Chinandega; Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia.
De Honduras, EE.UU. ha designado, entre otros, al vicepresidente del Congreso, Rasel Antonio Tomé Flores; al diputado Edgardo Antonio Casaña Mejía; al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos «El Tigre» Bonilla Valladares; y al exministro de Sanidad Javier Rodolfo Pastor Vásquez.
Algunos de los guatemaltecos señalados por Washington son: los jueces de la Corte Suprema de Justicia Nery Osvaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; y la directora del Instituto de las Víctimas, Alejandra Carrillo.
De El Salvador, EE. UU. ha incluido al exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa Figueroa y a su esposan, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; el alcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García; el asesor legal de la Presidencia Francisco Javier Argueta Gómez; y el secretario de Prensa presidencial José Ernesto Sanabria.
El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la «Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte», aprobada en diciembre de 2020 y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel; y se trata del segundo listado de este tipo que difunde el Gobierno de EE. UU.
Blinken dijo en su nota que los «ciudadanos de Centroamérica se merecen y esperan Gobiernos que respeten sus derechos humanos, cumplan con la ley y creen las condiciones para que los individuos y las comunidades florezcan».
«EE. UU. seguirá colaborando con los funcionarios y organizaciones que muestren dedicación para combatir la corrupción y fortalecer el gobierno democrático».
