El gobierno de México está invirtiendo recursos en detectar lo que sugiere que son personas desaparecidas “falsas”: casos reportados por opositores políticos para avergonzar al gobierno, o personas secuestradas que regresan a su hogar, pero no notifican a las autoridades.
Sin embargo, las autoridades no hacen ningún esfuerzo significativo para encontrar a las personas realmente desaparecidas, lo que enfurece a las familias de los aproximadamente 113.000 “desaparecidos” de México.
Están indignados de que la administración del presidente Andrés Manuel López haya gastado casi un año, mucho dinero y miles de horas de trabajo revisando bases de datos para ver si una persona supuestamente desaparecida solicitó un préstamo, pagó impuestos, se registró para votar o se vacunó contra la gripe.
López Obrador dijo la semana pasada que espera publicar pronto los primeros resultados parciales del recuento. Afirmando que las cifras de desaparecidos —alrededor de 47.000 desde que el presidente asumió el cargo en 2018— han sido infladas para hacerlo quedar mal. Dijo que van a “ir casa por casa porque se está encontrando a gente que estaba reportada como desaparecida”.
“Los estamos encontrando en sus casas”, agregó.
Pero el gobierno no se ha molestado ni siquiera en realizar la búsqueda más elemental de las decenas de miles de personas que realmente están desaparecidas, ni en identificar unos 50.000 cadáveres amontonados en morgues y tumbas paupérrimas o los fragmentos de huesos encontrados en fosas comunes y crematorios improvisados.
“No es que estén preocupados por las víctimas, están preocupados por recortar las cifras aún más de los desaparecidos”, aseguró Héctor Flores, cuyo hijo desapareció en 2021.
Flores ha pasado dos años agonizantes desde la desaparición de su hijo liderando una de las decenas de equipos de búsqueda voluntarios conformados por familiares que realizan el trabajo de investigación, a menudo espantoso y peligroso, que las autoridades no hacen.
López Obrador ve política detrás del creciente número de “desaparecidos”. Se jacta de una ligera disminución en los homicidios en México, pero los críticos señalan un gran aumento en el número de desaparecidos. Los críticos dicen que los homicidios pueden haber disminuido un poco simplemente porque los cárteles de la droga simplemente están enterrando o destruyendo cuerpos para ocultar la evidencia.
Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide en que existe una manipulación de números por razones políticas, pero sugiere que es por parte de las autoridades.
“Hay un manoseo de cifras, reducir las cifras por intereses políticos, eso es claro. Hay allí un subregistro enorme …hay muchas fiscalías que decidieron no mandar información hace meses”, señaló Dayán. Agregó que los inmigrantes, que frecuentemente son asesinados en México, están significativamente subrepresentados en las cifras oficiales.
Adrián LeBarón, padre de una mujer que fue uno de los nueve ciudadanos estadounidenses asesinados hace cuatro años en una emboscada de un grupo del narcotráfico en el estado fronterizo de Sonora, en el norte del país, dice que el gobierno subestima sistemáticamente tanto los homicidios como las desapariciones.
LeBarón presentó una denuncia legal el miércoles acusando a las autoridades mexicanas de no informar el número real de muertos. Los fiscales de Sonora presentaron un informe el día de la emboscada de 2019 diciendo que solo cinco personas fueron asesinadas ese día en todo el estado.
Refiriéndose al censo de desaparecidos realizado por el gobierno, LeBarón dijo: “Están desapareciendo los desaparecidos, entonces estamos j…idos”.
López Obrador dice que ordenó la búsqueda de un año de duración de “falsos” desaparecidos porque sus oponentes están inflando las cifras.
“Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía; y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento”, dijo el presidente el 13 de noviembre.
